En 2016 se revisó uno de los pocos juicios realizados en Chillán, en que a un imputado por lesiones graves gravísimas se le terminó absolviendo acogiendo el argumento de haber actuado en defensa propia.
Quien asumía la defensa del imputado era la abogada y docente de la facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, Belén Acuña, quien explica que “el poder presentar el elemento con el que mi representado, una persona que trabajaba como contratista, golpeó a la víctima, que era un trabajador que lo había amenazado y lo intentó atacar con un cuchillo, fue clave para su absolución”.
Lo anterior, según la profesora de Litigio Penal, es porque “la Fiscalía había presentado este elemento, que era como un listón metálico que se usa para enyesar muros, en una fotografía, y así era como ver un sable. Pero en realidad era solo un listón de aluminio, y los jueces pudieron verlo y tocarlo, y así darse cuenta que no se había acudido a un elemento de defensa en desproporción”.
Por eso, para la abogada, “realizar juicios orales por videoconferencia no es lo adecuado en ningún sentido”.
Así, Belén Acuña, se suma a un debate entre jueces, fiscales y defensores públicos, quienes siguen en total desacuerdo por las formas en que se han desarrollado y agendado los juicios, debido a la pandemia del coronavirus.
Y si por un lado, la Defensoría Penal Pública apuntaba a su contraparte, el Ministerio Público, por persistir en realizarlos telemáticamente, a conciencia de las desventajas que supondría para un defensor no poder conferenciar con el imputado durante el juicio, Acuña suma otra crítica y hacia otro actor.
“Creo que hoy es completamente posible llevar a cabo juicios presenciales en los tribunales, con todas las precauciones sanitarias posibles, me refiero a opciones como desde realizar las audiencias en el hall del tribunal para garantizar las distancias, o en las mismas salas, pero con separaciones y otros métodos sencillos, pero que requieren de voluntad. Es justamente lo que no se ve por parte del tribunal, voluntad”, comenta.
En respuesta, el magistrado Raúl Romero, del Tribunal Oral en lo Penal de Chillán, aclara que ellos están trabajando “de acuerdo al protocolo que rige para todos los tribunales del país”, y añade que han hecho todo de su parte para favorecer la ejecución de los procesos con igualdad para los intervinientes.
Además, alude a un ejemplo real para graficar los riesgos concretos de hacer los juicios presenciales.
En particular se refiere al caso de una persona que en su calidad de testigo, advirtió que no contaba con los medios tecnológicos para acceder a una audiencia virtual en la que estaba citado, por lo que el magistrado se coordinó con un informático del tribunal, quien desde su casa logró que el testigo pudiera conferenciar desde un computador del propio tribunal.
“El problema fue que esta persona estaba con un examen de covid pendiente y tres días después, resultó ser positivo, lo que significó dejar en cuarentena al guardia de seguridad que lo recibió en el tribunal”, explica.
Defensoría y Fiscalía
Defensores públicos y fiscales también aparecen en veredas contrarias en este punto.
Tanto el fiscal Álvaro Hermosilla, como el jefe de la Defensoría Penal de Ñuble, Marco Montero, han hecho ver su parecer en La Discusión.
Hermosilla plantea: “creemos que las herramientas con que cuentan estas plataformas, aseguran, en tiempos de distanciamiento físico, el respeto a los principios y garantías procesales”, añadiendo que ve como una necesidad “abrirse al uso de tales tecnologías y que el sistema procesal penal vuelva a tener un rol innovador, cuando hace ya 20 años dejó atrás la litigación en papel”.
Por el contrario, para el defensor regional, se requiere de la presencia física para ponderar todos los elementos que se exponen en un juicio.
Además, separa la postura fiscal con la de los magistrados. “Al menos acá en Chillán, los jueces han ido ponderando cada caso, hay una tendencia a evaluar si es adecuado o no hacer este tipo de juicios en estas fechas. Por el contrario, el Ministerio Público busca que se realicen de todas maneras”, sostiene.
Por otro lado, destaca que, salvo excepciones, “la mayoría de los jueces entienden como preponderante la voluntad de los acusados para que se hagan o no estos juicios”.
Esperando por septiembre
Ya en la primera semana de junio, la presidenta del Tribunal Oral en lo Penal de Chillán, magistrada Claudia Montero, explicaba que el retraso que ha significado la pandemia en la agenda del tribunal era cercana a las 115 causas no realizadas.
“Y hoy yo diría que porcentualmente, en términos de cifras, estamos casi igual”, advierte.
La magistrada se ha mostrado contraria a reagendar todos los juicios, como han planteado algunos litigantes, debido a que “el peligro de que el sistema colapse es evidente”, apunta.
En la misma línea que el juez Romero, la magistrada Montero insiste en que se han dado todas las facilidades, para que los intervinientes accedan a las audiencias por videoconferencia, incluyendo la habilitación de enlaces virtuales y privados para que el abogado defensor pueda conferenciar con su representado de manera secreta.
Por otro lado, advierte que “los tres juicios que se han realizado han terminado con resultados favorables para la defensa. Dos de ellos fueron absolutorios y un tercero que entró como robo con violencia fue recalificado a hurto, lo que demuestra que el sistema tecnológico no es una desventaja para ellos”.
Finalmente, la jueza explica que “una vez que, entre comillas, se termine el estado de excepción, hay agendadas audiencias desde septiembre a noviembre. Serán juicios presenciales, en los que se tomarán las medidas pertinentes, aunque se realizarán juicios en forma paralela y en ambas salas, y sin duda serán meses muy exigentes”.
