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Jorge del Pozo: “Yo declararé sobre lo que vi y también sobre lo que no vi”

Se postergó para este lunes a las 09.00 horas la declaración del concejal Jorge del Pozo, en el marco del juicio por fraude al  Fisco en la Municipalidad de Chillán Viejo que se celebra en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP).

Esto luego que el fiscal Juan Rohr -con el apoyo de las defensas de los 10 acusados- pidiera suspender la audiencia debido a los problemas que se estaban generando en la calle a raíz de las intensas lluvias que cayeron el viernes, y porque “al parecer la declaración del señor Del Pozo será extensa”, apuntó la magistrado Claudia Montero, presidente del tribunal.

Sin embargo, el edil, quien conversó algunos minutos con el alcalde Felipe Aylwin, acusado en esta causa por el delito de contrato simulado a una funcionaria, finalizada la jornada de este viernes sí habló con los medios presentes.

Sin ahondar en detalles de lo que será su exposición en el estrado (viene como testigo de la Fiscalía en esta etapa), sí adelantó que “lo que haré es decir la verdad y nada más que la verdad, como siempre lo he hecho. Me toca pronunciarme sobre lo que vi en el informe de Contraloría sobre pagos, sobrepagos y otras irregularidades que, desde un principio denuncié como posibles constitutivos de delito”.

En un segundo tópico, el concejal y abierto opositor a la gestión de Aylwin al mando del municipio, dice que debe hablar respecto a la situación de Lya González, una de las acusadas por en el hecho 1 de imputación, junto al alcalde y al exadministrador Ulises Aedo, por ser la funcionaria contratada solo de manera nominal, y sobre quien los fiscales Álvaro Serrano y Juan Rohr, más el Consejo de Defensa del Estado  (CDE), pretenden demostrar que no prestó servicios al municipio, pero que sí cobraba su sueldo mes a mes.

“Y como ella hay otros tres casos más, los que mencioné en mi denuncia. Los nombres los tengo, y sé que a ellos se les encomendó extrañamente, realizar las mismas tareas que ya realizaba el jefe de gabinete”, precisó.

Tras la pregunta sobre si alguna vez vio a Lya González trabajando en el municipio, Del Pozo apunta que “no puedo decir mucho porque eso lo haré este lunes en la declaración. Sí te puedo decir que declararé sobre todo lo que vi y también sobre lo que no vi, y todo lo que diré puedo respaldarlo con documentos, yo no vendré a decir cosas que no puedo respaldar”.

“Era mi deber denunciar”

Del Pozo, junto al concejal Rodolfo Gazmuri, están en el mismo génesis de esta historia.

El 23 de junio de 2013 hizo la primera denuncia por irregularidades detectadas en la Dideco, primero a la Contraloría Regional, y luego al Ministerio Público.

“Esas denuncias fueron por hechos que podían constituir delitos. Como concejal la ley me obliga a tomar estas acciones cuando en mi rol de fiscalizador detecte situaciones que puedan ser constitutivas de delitos, era mi deber denunciar, si no lo hacía, era yo quien estaba incumpliendo con la ley”, explica.

Lo que Del Pozo declaró haber visto, ante la PDI y la Fiscalía, fueron “falsificación de firmas, pagos dobles o triples a un mismo viaje, aumentos artificiales de valores en coctelería, contratación de bienes y servicios sin respaldo de asistentes sociales, servicios que por lo demás no se sabe a quiénes llegaron. Yo creo que aquí sí había hechos constitutivos de delitos”, finalizó.

“Esa no es mi firma”

Dos dirigentes vecinales declararon ayer. Segundo Navarrete y Zulema Cisterna.

En el caso del primero, representante de un club deportivo, fue interrogado por la Fiscalía respecto a ciertas colaciones que figuran compradas a beneficio del club, y que dijo ni haber pedido ni haber recibido.

También se le preguntó por un supuesto viaje a la nieve cancelado por la Municipalidad de Chillán Viejo en favor del club, el que aseguró nunca haber hecho. Pese a lo anterior, sí admitió un paseo en bus a Dichato.

Ambos, Navarrete y Zulema Cisterna, dijeron no reconocer su firma en documentos de la PDI con declaraciones de ellos. “Pero eso es porque, por su edad, no pudieron verlas bien por impedimentos físicos y visuales”, aclararía al final el Ministerio Público.

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