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Jaime San Martín y Renato Toro pierden el estado clerical por abusos en Ñuble

El Obispado de Chillán informó este lunes los resultados de las investigaciones efectuadas contra los sacerdotes Jaime San Martín y Renato Toro por los delitos de abusos a menores. Las indagaciones dieron por verosímiles las denuncias, es por ellos que la Santa Sede les retiró el estado clerical.

“Habiendo concluido el proceso penal administrativo efectuado al sacerdote Jaime San Martín Solís, se le ha encontrado culpable de los delitos de abuso de menor, de relación sexual con adultas (delito contra el sexto mandamiento) y dos faltas graves relacionadas con el sacramento de la penitencia: rompimiento del sigilo sacramental y absolución de cómplice”, detalló en un comunicado el Obispado de Chillán.

Es por ello, que con autorización del vaticano, el Administrador Apostólico de la Diócesis ha “impuesto al sacerdote la pena expiatoria perpetua de dimisión del estado clerical”.

En julio de 2018 fue abierta una investigación previa contra el sacerdote San Martín, ampliada luego en enero de 2019 por denuncia de abuso de menor. En agosto de 2019 la Santa Sede ordenó realizar un proceso administrativo penal, para lo cual levantó la prescripción de los delitos. Con la pena impuesta, el sacerdote San Martín pierde el estado clerical. “El sancionado puede interponer recurso, en los plazos y condiciones que establece la legislación canónica”, señala el documento.

En relación a la investigación contra Renato Toro, precisaron que el sacerdote “también ha perdido el estado clerical el sacerdote Renato Toro Medina, quien en noviembre pasado solicitó al Santo Padre la dispensa de sus obligaciones sacerdotales, siéndole concedida mediante rescripto de la Santa Sede fechado el 23 de enero de 2020”.

En julio de 2018 se inició una investigación previa a Toro Medina, procedimiento que dio por verosímiles las denuncias por abuso de menor. Levantada la prescripción de los delitos por la Santa Sede, se inició un proceso penal administrativo en junio de 2019, destinado a constatar la veracidad de las denuncias y llegar a establecer una pena, si fuera el caso. Mientras el proceso penal estaba en su última etapa de desarrollo, el sacerdote ha solicitado la dispensa de sus compromisos sacerdotales, lo que ha supuesto suspender el proceso en curso.

Asimismo, el Obispado de Chillán anunció que los antecedentes de ambos casos fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público al iniciarse las investigaciones previas. “Como Obispado, quedamos atentos a responder a los requerimientos de la justicia civil cada vez que sea necesario”, señalaron.

Por último, manifestaron estar “conscientes y avergonzados del dolor causado a hermanos nuestros, trabajamos como Iglesia para que hechos de esta naturaleza nunca más se repitan, favoreciendo una cultura del cuidado y la prevención de todo tipo de abuso”.

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