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Intendencia espera sumario interno para resolver eventual conflicto de interés por camiones aljibe

Cristian Cáceres

La Intendencia Regional sostuvo que no tolerará faltas a la probidad administrativa luego de que se diera a conocer el informe de la Contraloría Regional respecto de los contratos de arriendo de camiones aljibe.

El documento emanado desde la entidad contralora, surgió luego de que la propia Intendencia entregara antecedentes anómalos sobre los contratos establecidos entre particulares y donde incluso aparece mencionado un funcionario de carrera de esta entidad.

Desde la Intendencia se planteó que “este informe representa el sello que le hemos querido dar desde que comenzamos a ser región, basado en la transparencia y buen uso de los recursos públicos. Era muy esperado por nosotros, ya que fue solicitado por esta Intendencia y es fruto de un trabajo colaborativo entre ambas instituciones, con el fin de resguardar la probidad del nuevo sistema instaurado a partir del 1º de enero de 2019”.

Además, se planteó que “en relación al conflicto de interés de un funcionario de planta de este servicio, que se desempeña desde hace más de 25 años en la ex Gobernación de Ñuble, la Intendencia Regional tomó conocimiento de esta situación iniciando una investigación sumaria, la que fue remitida a Contraloría el 9 de julio de 2019 para iniciar un procedimiento disciplinario”.

Este sumario, se indicó, ”aún se encuentra en trámite y estamos a la espera de dicho resultado para tomar las acciones correspondientes, que en el caso de comprobarse, no toleraremos”.

Informe

El informe de Investigación Especial Nº233-2020, “Sobre eventuales irregularidades en la distribución de agua para consumo humano a través de camiones aljibes en la región de Ñuble”, revisó antecedentes de entre el 6 de septiembre de 2018 y el tercer trimestre de 2019.

Contraloría, detectó, “gastos sin documentación de respaldo, por un monto total de $227.804.514, por la prestación de servicio de agua potable para el consumo humano en vehículos aljibes, a las 21 comunas de la región”.

Adicionalmente, se comprobó la existencia de conflicto de interés entre un funcionario de la Intendencia Regional de Ñuble y la representante legal de una empresa de transportes, debido a que los camiones aljibes utilizados para la distribución de agua potable en Chillán Viejo, por los proveedores Aguas para Chile SpA, Sotrafer SpA, Patricio Wilhem López y Transportes Juan Luis Zurita EIRL, eran de propiedad de la pareja del funcionario de la Intendencia que está sumariado, “el cual participó en distintas etapas de los procesos de contratación y de pago de los servicios de distribución de agua potable”. 

Además, se constató que entre diciembre de 2018 y enero de 2019, “se utilizaron camiones de las empresas Servicios Mecanizados Camarico Limitada, Sotrafer SpA, actual Los Almendros SpA, y Transportes Dector Rudecindo Vallejos Mardones EIRL, todas relacionadas con Ricardo Vallejos Palacios, administrador de la Municipalidad de Chillán a la época de prestación de los servicios”.

Se comprobó asimismo, que para los años 2016, 2017 y 2018, la empresa Antártica de Chile, subcontrató camiones aljibes “de propiedad de la empresa Servicios Mecanizados Camarico Limitada, la cual tiene entre sus socios a don Fernando Vallejos Palacios, actual juez de Policía Local de la Municipalidad de Pemuco y cónyuge, quien es familiar del alcalde titular de ese municipio”.

Sobre el particular, la presidenta Regional del PS, Gina Hidalgo, indicó que “la respuesta de Contraloría nos da la razón con las distintas denuncias que como partido hemos ido advirtiendo respecto a este tema”.

“Son cientos de millones que salen de los recursos de todas y de todos los chilenos que se estarían utilizando entre un grupito de amigos, por lo tanto esperamos que la Intendencia inhabilite de inmediato a los funcionarios involucrados y a su vez los entes contralores y fiscalizadores le den la mayor celeridad posible al proceso investigativo, para determinar a los verdaderos responsables de estos irregulares hechos”, planteó la dirigente.

La abogada remarcó: “no podemos seguir entre meras especulaciones, esta situación lleva demasiado tiempo en conocimiento de las autoridades y de las y los habitantes de nuestra región, con denuncias como las nuestras, por lo que no podemos continuar a la espera de sanciones concretas”. 

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