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Inminente acuerdo permitirá asegurar el agua en las Termas

El próximo lunes 4 de enero, durante la primera sesión ordinaria del concejo municipal de Chillán, será puesto en votación, con altas posibilidades de ser aprobado, el acuerdo que gestionan la municipalidad y la Junta de Vigilancia del Río Diguillín para solucionar el conflicto que existe respecto de los recursos hídricos que son usados en el fundo termal ubicado en la comuna de Pinto.

El concejo, reunido ayer durante la tarde en Comisión Termas, analizó junto a funcionarios municipales el eventual convenio que fue redactado por las partes y que entre otras consideraciones, establece un plazo máximo de 36 meses para que la entidad edilicia regularice el uso de las aguas.

El contralor municipal Wenceslao Vásquez, quien pidió actuar con cautela frente a esta alternativa cierta para resolver el conflicto municipal con los regantes de la hoya hidrográfica del Diguillín, resaltó que el acuerdo “no se puede dejar pasar”.

El profesional remarcó que el trato “va a permitir el desarrollo de las Termas”, al generar las condiciones propicias para que la municipalidad solucione un problema histórico.

Lo clave en este caso, comentó el concejal Jorge Vaccaro, es que el consistorio tendrá un plazo de 36 meses para lograr regularizar, adquirir o trasladar recursos hídricos que aseguren la operación de hoteles y centros de eventos operados por el concesionario.

El plazo debiera ser suficiente para que el municipio complete satisfactoriamente las tratativas para asegurar un suministro permanente del orden de 30 litros por segundo, que se considera suficiente para el funcionamiento de las Termas.

Se estima desde el municipio, subrayó Vaccaro, que “tal cantidad de agua es más que suficiente para el consumo de cada uno de los recintos hoteleros, piscinas y otras atracciones existentes en el fundo municipal. En este sentido se calcula que cada edificio municipal que administra Nevados consume una cantidad de agua del orden de 0,8 litros por segundo, de tal manera que aquella cifra global satisface plenamente la necesidades turísticas”.

La concejala Nadia Kaik indicó tras la sesión que “la municipalidad deberá regularizar el uso de las aguas de acuerdo al convenio que será aprobado durante el día lunes, pues de ello depende el futuro de las Termas”.

El concejal Víctor Sepúlveda, quien preside la Comisión Termas, destacó que el acuerdo,  que tiene resonancias políticas, “es un tema de la comunidad de Chillán y de sus habitantes, en el sentido que los recursos que genera las Termas son utilizados para el bien general de la ciudad”.

De esta manera, existe consenso entre concejales que lo peor que puede suceder es que no se arribe a acuerdo y que el uso del vital elemento esté limitado, reduciendo con ello las posibilidades de las Termas para recibir visitantes.

Acuerdo

Según el escrito que puede ser firmado entre las partes durante el mes de enero próximo, tras ser aprobado por el concejo este lunes, la empresa Nevados cancelará a la Junta de Vigilancia del Río Diguillín un monto de $50.000.000 para reparar eventuales daños o perjuicios que hubieran sufrido los regantes.

Sepúlveda agregó que si bien el acuerdo es entre la Municipalidad de Chillán y los regantes, la concesionaria es su calidad de controladora de los bienes está obligada a asegurar ese importe.

Wenceslao Vásquez, en tanto, entiende que el pago que realiza Nevados “corresponde a un tema de negocio y de rentabilidad”, en la medida que si no soluciona ese problema no podrá operar ni generar utilidades.

Según el documento presentado ayer por el municipio y aprobado por los ediles, el consistorio “se compromete a llevar a efecto el o los procedimientos necesarios tendientes a la regularización pendiente de la vertiente citada en el acuerdo y/o la adquisición de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes de uso consuntivo que sean susceptibles de ser trasladados en un plazo de 36 meses”.

En este punto, el abogado de los regantes, Darío Silva, subrayó que en a actualidad la municipalidad de Chillán posee efectivamente una vertiente que no estaría inscrita y de la cual se obtendría el flujo de líquido que se requiere en el sector.

Adicionalmente, el documento establece que “la municipalidad asume la obligación, una vez inscritos los derechos de agua singularizados, a informar a la Junta de Vigilancia para su incorporación al registro de usuarios”. Se suma a ello que el consistorio deberá integrarse “dentro de un plazo e 30 días a contar de la firma del presente transacción como miembro de la Junta de Vigilancia”.

La abogada municipal, Carolina Zuleta, informó a los concejales que por la membresía el municipio tendría que cancelar solamente $180.000 al año.

Finalmente, según el acuerdo analizado ayer, “la obligación de la municipalidad consiste en regularizar los derechos de agua que efectivamente utiliza en el plazo señalado (36 meses)”.

Además, se expresa que “si la municipalidad regulariza los derechos de agua que efectivamente utiliza no será necesario la adquisición de derechos de agua; no obstante ello, si el volumen de agua utilizado es mayor al regularizado en su vertiente tendrá la obligación,  en el mismo plazo, de adquirir los derechos de agua para completar el volumen efectivamente utilizado”.

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