jueves 30 de octubre del 2014

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Accidentes y responsabilidad del Estado

Los accidentes viales en nuestra provincia ocasionan decenas de muertes por año, como también heridos de distinta gravedad, incluso personas mutiladas e incapacitadas de por vida. El Comité Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), en su último informe, entregó noticias alentadoras sobre el descenso en 11,5% de los accidentes en el país, pero advierte que la única región que va  a la contra de esta positiva tendencia es BÍo Bío y dentro de ella el caso más preocupante es Ñuble, que incluso supera en el número de fallecidos a una provincia bastante más grande y poblada, como el Gran Concepción.

Al examinar las causas del problema y sus soluciones se advierten varios factores. Primero, es imprescindible trabajar en la infraestructura vial, que en estos últimos años ha sufrido las consecuencias de un retroceso en la atención de su mejoramiento a través de un mal manejo oficial. Hoy no sólo se observa un deterioro del estado de la red, sino también reiteradas deficiencias en la señalización y el diseño vial.
La política de los últimos gobiernos ha sido privilegiar las rutas troncales y olvidarse del mantenimiento y reconstrucción de la red secundaria. Ñuble tiene, básicamente, las mismas rutas interiores que en 1970, mientras tanto el parque automotor de las zonas rurales ha crecido sostenidamente y hay muchos camiones y buses en pésimo estado de mantenimiento. Incluso, también señalan los especialistas, ya sea por errores de diseño o de mala implementación, hay señales de tránsito que en lugar de reducir los riesgos los elevan. El aumento de la siniestralidad es entonces una consecuencia inevitable.
El camino a Yungay, la llamada “ruta de la muerte” se ha ganado su reputación por la trágica sucesión de accidentes fatales y es un caso emblemático no sólo por ello, sino también por la porfiada ausencia del Estado en el mejoramiento de su estándar, pese a que desde hace años, sucesivos alcaldes, han reclamado mayores medidas de seguridad. Tal desidia, cuando no la insolvencia económica de Vialidad, es igualmente denunciada por las autoridades de San Nicolás, San Carlos y Quillón, tres de las comunas con mayor siniestralidad y cuyas rutas, en su mayoría, no cuentan con veredas para los tramos con sectores poblados, lo que conspira con las opciones de Carabineros de instalar puntos fijos de fiscalización. La luz tampoco es la suficiente, lo que sumado a pronunciadas curvas y a los segmentos aún con carpeta de ripio, los convierten en caminos inestables y peligrosos. La base de datos de accidentes investigados por la SIAT Ñuble es reveladora: al menos un 40% de ellos con resultado de muerte son atropellos.
Como se ha dicho con insistencia desde estas páginas, también la ciudadanía tiene su cuota de responsabilidad en que la provincia siga estando muy lejos de otras zonas del país en las cuales las muertes por accidentes viales no son moneda corriente. El exceso de velocidad, el consumo de alcohol y la no utilización del cinturón de seguridad suelen estar presentes con grosera frecuencia.
Sin embargo, tampoco en estos casos puede desligarse a las autoridades, sea por campañas de prevención que son insuficientes, cuando no inexistentes, en los sectores rurales, como por la incapacidad de dotar de más personal policial a muchos puntos de esta provincia que parecen marginados de las respuestas que la política pública debe dar.

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