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    domingo 05 de julio del 2015

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    Paralización docente

    La necesidad de buscar una salida al conflicto entre el gremio de los profesores y el Ejecutivo por el proyecto de carrera docente no justifica en absoluto el chantaje al que este gremio pretende seguir sometiendo al Gobierno, amenazando con continuar una movilización que en Chillán tiene a más de 10 mil estudiantes sin clases hace un mes y al municipio con una pérdida de $600 millones por el no pago de las subvenciones que se calculan en función de los alumnos (as) asistentes.

    Es imprescindible que el camino anacrónico de la presión irracional y de la amenaza sea desterrado, ya que sólo perjudica al conjunto de la sociedad y a la comunidad educativa en particular. Como hemos señalado insistentemente desde esta columna, resulta necesario que el gremio docente busque otras alternativas para representar su disenso sin privar a niños y jóvenes de sus clases.

    Los paros docentes vienen teniendo en los últimos años consecuencias gravísimas sobre los alumnos del sistema municipal, al reducir en forma considerable el tiempo de clases, pues es sabido que cualquier intento para compensar esas pérdidas nunca alcanza para normalizar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

    Lamentablemente, el Colegio de Profesores parece no entender que la huelga como método de protesta no sirve y que no le dará réditos -o si los da, será en un plazo muy corto- y que, por el contrario, puede volverse un arma de doble filo para los mismos que la utilizan. De hecho, todo el apoyo despertado inicialmente en la opinión pública está comenzando a desaparecer, precisamente por la persistencia de medidas de fuerza que dejan a los alumnos (as) sin clases y que ciertamente son contrarias a la legislación vigente, aunque no existe autoridad que esté dispuesta a aplicarla.

    El Gobierno ha ido cediendo paulatinamente y la salida ayer de Nicolás Eyzaguirre es la última de una serie de señales para propiciar un diálogo que los maestros porfiadamente rechazan. Primero fue el establecimiento de una mesa tripartita para discutir el proyecto, a lo que se han sumado múltiples indicaciones de que ha sido objeto el proyecto y la reciente suspensión de su tramitación en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

    Tales concesiones, sin embargo, no parecen ser suficientes para el gremio, cuya intransigencia a estas alturas resulta inaceptable, lo mismo que su exigencia de retirar el proyecto del Congreso. Si el gobierno llegara a ceder ante tal demanda sentaría un grave precedente, pues validaría las medidas de fuerza de grupos de interés, y debilitaría la institucionalidad del Congreso, como la instancia válida para discutir los proyectos de ley.

    De todas maneras, es evidente que el proyecto tiene defectos que es necesario corregir, y todos los involucrados, incluyendo al Colegio de Profesores, tienen algo que aportar en este debate, principalmente en lo que respecta a un aspecto muy relevante para la educación, como es contar con sistemas de evaluación efectivos.

    Pero no hay que perder de vista el objetivo final. Si ceder a las presiones del magisterio significará cambiar el actual proyecto por uno que suba las remuneraciones, pero que no incorpore exigencias ni establezca responsabilidades claras, entonces se terminará afectando la consecución del fin último, que es incentivar el buen desempeño docente y mejorar con ello la calidad de la educación escolar.

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