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Justicia prescribe deudas y Contraloría critica a municipio



Ayer se confirmó que unos 3.400 millones de pesos no pueden volver a las arcas municipales. Durante dos años la entidad edilicia firmó millonarios contratos con empresas sin patente comercial y vulneró la Constitución.

Dos noticias recibió ayer el municipio en el bullado caso de los millonarios montos sin cobrar por patentes y permisos a particulares. Por un lado se enteró que casi la totalidad de las deudas de privados fueron declaradas como prescritas y por otro, la Contraloría objetó acciones de cobranza bajo la actual administración, donde se incluyen faltas eventualmente cometidas por funcionarios municipales y la jueza de Policía Local.
En el primero de los casos, ya es un hecho que la entidad edilicia no tiene ninguna posibilidad de recuperar los más de 6 mil millones de pesos que particulares le adeudan -montos originados bajo el anterior gobierno comunal- luego de que tribunales decretaran prescritas las obligaciones comerciales. Ayer se reunieron en dependencias municipales el alcalde Sergio Zarzar su equipo jurídico y concejales de la Alianza con el fin de conocer el estado de las cobranzas judiciales.
Y tras la cita se confirmó algo que ya todos preveían: que los tribunales, dada la antigüedad de la mayoría de las deudas, las calificaban como prescritas. El concejal Gustavo Sanhueza agregó que de los más de 6 mil millones de pesos que se adeudaban “ya fueron declarados como prescritos alrededor de 4 mil millones de pesos”. “Nos confirmaron que era imposible recuperar unos 3.400 millones de pesos debido a que había pasado mucho tiempo”, precisó. A eso se agrega que anteriormente una suma de aproximadamente 600 millones ya había sido calificada como incobrable.
Sanhueza agregó que a la luz de estos antecedentes lo más probable es que el resto del dinero que la municipalidad busca recuperar siga el mismo destino, o sea, se pierdan definitivamente.
La única alternativa que queda entonces es que aquellos contribuyentes que tienen deudas prescritas consientan en pagarlas voluntariamente tras negociaciones con el municipio.

Contraloría

Por si fuera poco la Contraloría, informó ayer el concejal Juan López Cruz, objetó procedimientos de cobros por parte del municipio, lo que hace ver, aseguró, que se seguirían cometiendo los mismos errores y vicios que se critican.
Así, la entidad edilicia contrató a un abogado externo quien debía proceder contra los morosos, pero el elegido no había pagado su patente comercial, tema que fue regularizado sólo tras detectarse la falta.
La Contraloría se enfocó en un grupo de 20 contribuyentes morosos desde el año 2001 al 2010 y corroboró que la entidad edilicia no había adoptado procedimientos que puede aplicar como es “decretar la inmediata clausura de dicho negocio por todo el tiempo que dure la mora”.
A eso se agrega que la municipalidad ha suscrito contratos con 7 empresas que no tienen patente municipal, pero que sin embargo, recibieron en total durante el año 2010, 145 millones y 244 millones el 2011.
La entidad contralora señala taxativamente que “se reitera una falta de observación por parte de la municipalidad a las disposiciones contenidas en el decreto ley 3063 sobre rentas municipales”.
Atribuye además a la entidad edilicia el hecho de dejar de aplicar sanciones, “lo que significaría vulnerar el principio de juricidad consagrado en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política del Estado”.
La Contraloría agrega que “no puede dejar de mencionarse que el ejercicio clandestino de una actividad lleva implícito un desconocimiento de la ley o una franca actitud al margen de la misma”.
Agrega que “el alcalde en conocimiento de la existencia de un negocio o industria cuyo dueño no ha obtenido ni pretende obtener la autorización pertinente puede disponer el cierre de ese establecimiento”.
Sin embargo, se da el caso, señaló el concejal Juan López Cruz que “varias empresas sin patente fueron favorecidas por el municipio, lo cual es una falta grave respecto de las cuales el alcalde debe responder”.

Jueza de Policía Local también aparecía como morosa

Durante la investigación desarrollada por la Contraloría se determinó que la municipalidad no llamó a regularizar su patente comercial a la Sociedad de Inversiones Santa Rebeca Limitada, vinculada a la jueza del 2º Juzgado de Policía Local, Rebeca Aguayo.
Esta entidad ligada al rubro de arriendo de vehículos motorizados, automóviles y camionetas, “desde el 16 de junio de 2008 a la fecha(de la auditoría) no cuenta con patente comercial otorgada por la municipalidad”.
Sin embargo, la entidad edilicia señaló que a la entidad le fue entregada una patente provisoria y posteriormente canceló alrededor de 5 millones por lo que la observación fue considerada como levantada “parcialmente”.
Lo más objetable para la entidad contralora, es que entre “los socios que conforman dicha sociedad de personas se encuentra la señora Rebeca Aguayo Ríos, con una participación del 5% sobre el capital social, quien además ostenta el cargo de jueza del Segundo Juzgado de Policía Local”, de Chillán.
La entidad agrega que la jueza, “sería infractora de la ley 3063 sobre Rentas Municipales, al igual que los contribuyentes sobre los cuales le corresponde dirimir”.
Se indica además que a los jueces de policía local le está prohibido según la ley 18.883 intervenir en razón de sus funciones en asuntos en que tengan interés él, su cónyuge, sus parientes consanguíneos hasta el tercer grado inclusive o por afinidad”.
De esta manera, se indica “es la Corte de Apelaciones la autoridad llamada a perseguir la eventual responsabilidad de la jueza de policía local, por las eventuales irregularidades en que ella hubiere incurrido”.
Sobre este tema, López Cruz manifestó que “queda nuevamente de manifiesto que la municipalidad se maneja sin un claro conocimiento de las leyes y las faltas pueden derivar en abandono de deberes por parte del edil”.

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