La Discusi�n

Se molestaron los jueces porque el ministro de Justicia, con publicidad incluida, les dijo que serían evaluados para eventuales ascensos, observando su actuar frente a violentistas y otros.
A la Corte Suprema no le gustó y emitió una declaración en que pone en duda el cumplimiento de las garantías constitucionales existentes en torno al actuar de los referidos magistrados.
¿Cuál es el problema?

Si bien la aplicación de la “Ley de Seguridad Interior del Estado” por parte del gobierno y la urgencia en legislar sobre el “Proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público” han generado más de una polémica y debate, la historia de Chile tiene ejemplos claros de este tipo de legislaciones. Varios de mis colegas han escrito y desarrollado profusas investigaciones sobre el tema, especialmente en el ámbito del delito, justicia, violencia social y política de Chile. Entre ellos podemos mencionar a los historiadores Igor Goicovic y a los locales Marco Antonio León y Mauricio Rojas Gómez.

Lo que resultó ser una revelación más, que ponía en duda el manejo eficiente, oportuno y transparente de los dineros públicos, denuncia que se sumaba a otras, cuyos resultados en la investigación posterior, tanto de la Cámara en su función fiscalizadora, o judicial por parte de los jueces, siempre han sido inciertos o peor aún, “no han quedado en nada” al decir popular, en este caso, la “cuestión” de los exonerados políticos, que a todas luces está repleto de abusos y dolos manifiestos en contra del patrimonio del Estado, está configurando un escenario, cuyas dimensiones aún no alcanzamos a definir en toda su magnitud.

En aquel mes de noviembre de 1973, el secretario de la Cámara de Diputados me insistía que presentara mis papeles para jubilar. La Junta de Gobierno, para aquellos parlamentarios que habían sido elegidos tres meses atrás, les reconocía, para los efectos previsionales, los cuatro años de diputados que no cumplirían y los senadores, elegidos en esa misma fecha, ocho años.