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Lunes, 12 Marzo 2012 22:38

Violencia, criminalización y disciplinamiento social

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No resulta sorpresivo el accionar del gobierno en cuanto al manejo de las protestas y el diálogo con los movimientos sociales, especialmente porque la derecha chilena (específicamente la más dura) tiene, históricamente, una “atracción” por la defensa del orden, particularmente de su orden, gran parte edificado y heredado de la dictadura cívico-militar.

Varios son los ejemplos en estos dos años de gobierno en los cuales aflora aquel modo de operar, por ejemplo ante quienes se han manifestado por una “reconstrucción justa”, con el movimiento estudiantil, Magallanes y ahora Aysén, donde la alocución y acción tienden a repetirse: un discurso hegemónico centrado en la criminalización y disciplinamiento social. Es decir, criminalizar las acciones de protestas, caricaturizar a quienes reclaman, ningunear a los que se movilizan o bien caer en la vieja y reiterada estrategia de indicar que detrás de cada acción colectiva o social está la mano de los agitadores, ya sean comunistas, anarquistas, terroristas o los famosos “ultras”, quienes sólo buscan el enfrentamiento, producir daño, afectar la imagen del país, alterar la convivencia interna y la concerniente “paz social”. En el fondo, sujetos y grupos que recurren a la violencia como instrumento válido para conseguir algunas de sus demandas.
Sin embargo, habría que señalar que la violencia no se circunscribe solamente a determinadas acciones de fuerza (por ejemplo coerción física) que puedan emprender quienes protestan (bloquear un puente, camino, lanzar una piedra, etc). También es violencia las acción de las fuerzas policiales, que en el uso y abuso de la fuerza reprimen a quienes legítimamente protestas y reclaman, también golpear a mansalva a los manifestantes (como lo ha declarado críticamente el Instituto de Derechos Humanos) o simplemente, constituye un acto de violento el accionar de una determinada autoridad política que reiteradamente centra su discurso en presentar al otro (ciudadanos que legítimamente se moviliza y protestan) como enemigo del orden público y de sus compatriotas.
Qué duda cabe y es casi una perogrullada decirlo y también saberlo, que toda acción de protestas y movilización social genera tensión y conflicto en la sociedad; es más, una sociedad democrática que se asume como tal o bien se dice y pretende ser pluralista y diversa, debe aceptar el conflicto como parte constitutiva de ella. Incluso, la autoridad política de turno, debería estar preparada y capacitada para contar con las herramientas e instrumentos para manejar aquellas situaciones de tensión social, las dinámicas que adquieren las protestas y los movimientos sociales. Desconocer o pasar por alto aquello, no hace otra cosa que exteriorizar ignorancia sobre cómo se desenvuelven los procesos sociales y políticos.
El punto está en que a la luz de los últimos acontecimientos, los (porfiados) hechos han demostrado una vez más que la derecha tiene muy poca capacidad para negociar en situaciones de conflicto y sobre todo para enfrentar las acciones de protestas. Por ello recurre al camino más simple y directo, por una parte la criminalización de los sujetos y por otro (como complemento) buscar el disciplinamiento social de la población, a través de la aplicación de la ley, para de esta forma demostrar que el respeto a la autoridad, la jerarquía y al orden social (el de ellos) está por sobre todas las cosas.

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Danny Monsálvez Araneda

Doctor (c) en Historia
Académico Departamento de Historia · Universidad de Concepción 

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