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viernes 31 de octubre del 2014

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Ruta de la muerte

Valdrá la pena todo el esfuerzo y el gasto si se evita un solo accidente. Pero para que no haya más familias destrozadas el camino es otro y el Gobierno debe tener la prioridad de transitarlo.

Los accidentes viales en la ruta que une a Chillán con Yungay han causado, desde 2008 a la fecha, 22 muertes, como también heridos de distinta gravedad, incluso personas mutiladas e incapacitadas de por vida. La estadística policial, proyectada desde 2000 a la fecha computa 50 fallecidos y más de 600 lesionados, en un total de 300 accidentes vehiculares. Esta cifra es por lejos la más alta de la provincia y una de las tasas más altas de la región y del país, considerando la relación entre cantidad de muertes y cantidad de vehículos.
Ayer fue una colisión triple, que cobró la vida de un hombre de 64 años, la que reactivó el reclamo de autoridades locales por la débil respuesta de la autoridad central ante las reiteradas solicitudes de mejoras en materia de seguridad de la llamada Ruta de la Muerte, calificativo que indigna a los habitantes de San Ignacio, El Carmen, Pemuco y Yungay y atemoriza a muchos otros que por ella circulan. El alcalde de San Ignacio, Wilson Olivares, tiene razón al señalar que el estado de la vía y sus fatales consecuencias son una vergüenza para la región y los organismos públicos que deben garantizar la seguridad de sus usuarios.
Es imprescindible trabajar en la infraestructura vial de esta zona, que en estos últimos 20 años ha sufrido las consecuencias de un retroceso en la atención de su mejoramiento a través de un mal manejo oficial. Hoy no sólo se observa un deterioro del estado del camino, sino también reiteradas deficiencias en la señalización y el diseño vial. Lo anterior es consecuencia de una errada política de los últimos gobiernos de priorizar rutas de mayor rentabilidad económica y de la falta de liderazgos locales que no han sabido representar la urgencia de este problema ni menos ejercer influencia ante el nivel central para su solución. Paralelamente, en los últimos años el parque automotor que por allí transita ha crecido sostenidamente. Con todos estos factores, el aumento exponencial de la siniestralidad es una consecuencia inevitable.
En su extensión de 63,21 kilómetros abundan las curvas peligrosas con radios de giro insuficiente, especialmente para los camiones y buses interurbanos de segunda mano que no siempre están en buenas condiciones mecánicas. La solución es rectificar esas curvas para que los vehículos puedan mantener la velocidad de crucero sin riesgo de vuelco.
Está demostrado que siete de cada ocho muertes se evitan con rutas bien diseñadas y sometidas a mantención permanente. Aquí por el contrario se ha optado por parchar baches y plagar el camino de carteles de peligro que no representan otra cosa que la confesión explícita del Estado por no brindar un servicio seguro. Rezan, algunos de ellos, prohibido adelantarse (para evitar el choque frontal), paso a nivel sin barreras, curva peligrosa, puente angosto, animales sueltos y baches abiertos.
La gravedad del problema exige soluciones de fondo: el camino ideal carece de carteles de peligro porque todos los riesgos previsibles han sido eliminados.
Es de esperar que esta nueva tragedia en la Ruta de la Muerte mueva conciencias y sobre todo la gestión política de quienes tienen el deber de garantizar la seguridad de los habitantes de este territorio. Valdrá la pena todo el esfuerzo y el gasto si se evita un solo accidente. Pero para que no haya más familias destrozadas el camino es otro y el Gobierno debe tener la prioridad de transitarlo.

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