Durante el primer semestre de este año el Gobierno presentará al Congreso Nacional un proyecto de ley que regulará el derecho a reunión, el que tienen garantizado constitucionalmente todos los chilenos.
Se trata de una libertad individual y considerada un derecho humano de primera generación. En la actual carta magna se encuentra consagrado en el artículo 19 número 13º: “El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas”.
La información fue dada a conocer por el ministro de Justicia, Hernán Larrain, en una entrevista con El Mercurio que reconoció que la iniciativa surgió tras un acuerdo con el presidente Sebastián Piñera. “Conversamos todo y nos dio el apoyo para que siguiéramos con fuerza”, explicó el titular de cartera.
Larraín recalcó que “es un tema complejo, que ahora no queremos que se confunda con situaciones concretas que están pasando. Pero es evidente que parte de lo que ha pasado hoy día se debe a que no hay una legislación”.
El secretario de Estado dijo que “parte del debate es que haya un consenso de lo que significa el derecho a reunión con respeto a los otros derechos; lo que significan las divergencias entre una marcha, el movilizarse y una manifestación pública fija”.
Por lo mismo, el ministro enfatizó que “más que un problema de autorización previa como una condición, es cómo organizo y coordino el ejercicio de muchos derechos. Y al mismo tiempo cómo objetivizo las posibles causas de denegación. Y si alguna vez, por algún objetivo serio y fundado no corresponde, que esté establecido en la ley”.
Rechazan iniciativa
El anuncio de inmediato generó reacciones.
Frente a los dichos de Hernán Larraín, la diputada del Partido Comunes, Claudia Mix, sostuvo que “el Gobierno tiene perdida la brújula. Cuando lo que se pide es más democracia y garantizar el derecho a manifestarse, reunirse y protestar el gobierno busca desarrollar regulaciones. Esto solo apunta darle sustento legal a la estrategia restrictiva del intendente Guevara y el ministro Blumel”.
“Cuando tenemos una agenda social pendiente para buscar soluciones a una crisis, el Gobierno prioriza su agenda de orden público, que solo se logra cuando las personas sientan que no se vulneran sus derechos”, agregó.
