Finalmente el gobierno envió al Congreso los dos proyectos de ley pendientes para perfeccionar la Ley 21.074, y avanzar así de manera efectiva en el proceso de fortalecimiento de la regionalización del país. Ambas mociones ingresaron al Senado, con urgencia simple.
La primera iniciativa es sobre Descentralización Financiera y Responsabilidad Fiscal de los Gobiernos Regionales, que busca, entre otros aspectos, que el presupuesto de las regiones sea discutido de manera global en la Ley de Presupuesto, y no por separado.
Propone, además, la creación de dos nuevos fondos de apoyo a las regiones: uno de Equidad Interregional, que se repartirá entre los gobiernos regionales según las diferencias de ingresos y el promedio nacional de pobreza multidimensional, debiendo destinar al menos el 40% de estos recursos a zonas rezagadas en materia social y zonas extremas.
Por otra parte, se crea el fondo de Contingencia, que es financiado a través de provisiones actualmente asignadas a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, y cuyo monto se espera que alcance los US$ 110 millones.
El titular de la Subdere, Juan Masferrer, explicó que “cada Gobierno Regional podrá aprobar directamente su presupuesto, logrando más descentralización a nivel regional y menos injerencia del nivel central”, pues el proyecto de ley estipula que el gobernador debe proponer cómo distribuir el presupuesto y el Gobierno Regional debe refrendarlo.
Con la misma finalidad, ingresó un segundo proyecto de Ley Corta de Descentralización, que recogió las recomendaciones de los comisionados de la Mesa Técnica de Descentralización, que encabezó la Subdere y que sesionó entre julio y septiembre de 2019.
La propuesta establece, por ejemplo, que sea la Contraloría General de la República el organismo que dirima cuando exista una contienda de competencias entre el gobernador regional y el delegado presidencial. También zanja que será este último el superior jerárquico de los servicios regionales creados por ley.
Asimismo, en el documento se establece la definición de qué es una competencia, y determina que será la Subdere, los gobiernos regionales, la Dirección de Presupuesto y los ministerios involucrados, los encargados de evaluar las competencias al final del período -en el caso de las temporales-, y cada tres años, en el caso de las competencias definitivas.
En la misma línea, el proyecto de ley propone que las competencias solo puedan ser revocadas mediante una ley.
Positivo para Ñuble
Para el director del Centro de Políticas Públicas de la U. Católica de Temuco e investigador asociado de Creasur-UdeC, Cristian Quiroz, estas dos últimas iniciativas del gobierno en materia de descentralización representan avances y pendientes.
“Por ejemplo, son avances el fondo de Equidad Interregional, que considera la pobreza multidimensional y que permitirá aumentar los recursos para zonas rezagadas socioeconómicamente, y eso en Ñuble, la Araucanía y otras zonas será importante. Por otro lado, también es un avance el rol que se le asigna al gobernador regional para asumir el liderazgo en la formulación del ARI (Anteproyecto Regional de Inversiones). Estimo que el Fondo de Contingencia es valioso, pues además de aumentar la focalización directa de recursos en los territorios, los obtiene de las provisiones que actualmente maneja la Subdere con criterios no siempre objetivos, y muy influidos por el lobby parlamentario, más que por las demandas y necesidades de las comunidades”, aseveró.
Sin embargo, dijo, “queda pendiente precisar si el fondo de Equidad Territorial que se crea implica aumento de recursos o si solo se trata de una redistribución del actual FNDR. Esto último sería un retroceso, pues limitaría aún más el actual financiamiento regional”.
Quiroz también advirtió que “si bien recae en el gobernador la elaboración del ARI, curiosamente la ley se contradice y asigna al delegado presidencial la labor de difusión del presupuesto regional una vez aprobado por el congreso nacional, y ello no es solo simbólico, es también un debilitamiento de la autoridad electa popularmente frente a la comunidad y a la institucionalidad pública”.
Finalmente, sostuvo, “queda al debe una discusión de fondo: la existencia de rentas regionales, vale decir la generación de impuestos y fuentes de financiamiento territoriales en donde los gobiernos regionales tengan responsabilidad en la identificación y recaudación, además obviamente de su reinversión”.
Para el académico de la UBB y presidente del Capítulo Regional Ñuble de la Fundación Chile Descentralizado, Benito Umaña, ambas iniciativas son un importante avance.
“Especialmente la señal positiva de querer avanzar en perfeccionar el proceso de descentralización, entregando mayores herramientas para la toma de decisiones desde lo local. Sabemos que para la efectividad de dicho proceso es vital contar con mayores recursos financieros desde las regiones”, sostuvo.
En particular para Ñuble, afirmó, “es una muy buena noticia, es una región con altos niveles de pobreza multidimensional y con una zona de rezago, por lo que debería recibir una mayor asignación de recursos. La preocupación, eso sí, es que estas leyes se materialicen a la brevedad, y en mi opinión, US$110 millones es un monto todavía bajo, por lo que debería ser aumentado”, sentenció.
