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Fuerte y claro

Mauricio Ulloa

Los chilenos y chilenas decidimos ayer, por una aplastante mayoría del 78,2 por ciento, reemplazar la actual Constitución, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet y reformada 31 veces, por la vía de una asamblea elegida exclusivamente para ese propósito.

En una jornada marcada por las restricciones para combatir la pandemia del coronavirus y una enorme incertidumbre sobre la participación y legitimidad del proceso, ayer votó 50,87 por ciento del total del padrón electoral, más que en ninguna otra elección desde 1993 a la fecha.

A nivel regional, sin embargo, la participación electoral fue menor al promedio nacional (42,4%), inferior incluso a la de la última elección presidencial y parlamentaria de 2017, cuando llegó al 47,6%, no obstante la opción Apruebo también se impuso por un amplio margen a la del Rechazo, con 70,2% versus 29,7%.

Al desagregar los resultados, se constata que con excepción de San Fabián, las comunas con alcaldes opositores (Quirihue, Cobquecura, Yungay y Trehuaco lideraron el Apruebo. Y aunque igual perdieron, en las comunas con alcaldes oficialistas (Pinto, Coihueco, Ñiquén y San Ignacio), el Rechazo alcanzó sus mejores resultados en el territorio. En Chillán, en tanto, la opción Apruebo obtuvo un 71,8%, mientras que en Chillán Viejo alcanzó el 71,9%.

El resultado tiene un fuerte componente simbólico, pues es visto como el final definitivo de la Constitución redactada a puertas cerradas durante la dictadura militar, pero sin duda es mucho más que eso. El plebiscito se realizó justo un año después de que tuvo lugar la mayor marcha realizada en nuestro país desde el retorno a la democracia. Más de 1,5 millones de personas se reunieron en torno a la Plaza Italia en Santiago, en una demostración de la profundidad y amplitud del descontento social acumulado en décadas.

Sobre el órgano que debe escribir la nueva Carta Magna, que es la otra pregunta que se planteó en la histórica jornada de ayer, se impuso a nivel país y regional -con un 78,9% y 72,9%, respectivamente- la opción de la Convención Constitucional, que estará integrada solo por ciudadanos electos para ese fin y será paritaria, que es un enorme logro para, desde la base del ordenamiento legal, abordar las desigualdades de género sobre las que parece haber gran conciencia. Es una gran noticia.

Lo que viene a partir de hoy para todas y todos trae consigo una enorme responsabilidad y debería traducirse en un trabajo muy serio en la elaboración de la nueva Carta Fundamental, porque aunque una Constitución no lo es todo, sí es el marco del contrato social que ordena a los países.

Se necesita construir un debate constitucional con altura de miras, donde la ciudadanía tiene la obligación de informarse y participar, mientras que la dirigencia política debe abrir un debate que conduzca a un gran acuerdo nacional. Puede parecer una expectativa ingenua en medio de un proceso que paralelamente tendrá cinco elecciones, pero el camino inaugurado ayer exige renuncia a la política partidista y una alta conexión con el bien común y las políticas de Estado.

Clave en esta ruta será la discusión para la elección de los constituyentes y la posibilidad de que las amplias mayorías independientes se vean representadas en el órgano constitucional. Lo mismo con las reglas del juego, pues mantener la frágil confianza ciudadana dependerá fundamentalmente de que los procedimientos que se definan cuenten con grados importantes de transparencia e información.

Por último, el debate debe garantizar los mecanismos para que la ciudadanía pueda deliberar y canalizar sus demandas, pues si este proceso constituyente fue producto de la movilización masiva de los ciudadanos, es entonces importante considerar que existe una expectativa en torno a ser escuchados y ser parte, cuestión que es un desafío enorme para la cuestionada clase política en cuanto a remover prejuicios y conductas moldeadas en otras épocas y por otras sensibilidades.

Será un camino de cambios complejo, que deberá ser conducido con especial prudencia y habilidad política para canalizar las diferencias, las críticas constructivas y el debate de ideas en un marco de respeto por las personas y las instituciones, condición básica para el ejercicio de la democracia que -aún imperfecta- debemos cuidar todos los miembros de la sociedad, especialmente sus líderes.

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