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Fiscalía Regional formalizará a ex administrador municipal, Ricardo Vallejos, por caso de camiones aljibe

Cristian Cáceres

A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía Regional de Ñuble adelantó que “ante la solicitud de la Fiscalía Local de Chillán, el Juzgado de Garantía de esta ciudad fijó para el 13 de octubre la audiencia de formalización de investigación en contra del ex administrador municipal de Chillán, Ricardo Vallejos Palacios, por el delito de negociación incompatible, en carácter de reiterado”.

Lo anterior, en el marco de una investigación por licitaciones y compras directas de prestación de servicios de camiones aljibes que abastecen de agua potable a sectores de la comuna, en relación a una de las empresas que repartió agua a comienzos del 2019, Sotrafer SpA, cuyo propietario es Fernando Vallejos Guíñez, sobrino directo del ex administrador de la Municipalidad de Chillán, cónyuge de la ex gobernadora de Diguillín, Paola Becker.

La ex jefa provincial habría estado en reuniones de definiciones, preparación y coordinación de este tema, aún conociendo que el propio intendente, Martín Arrau, solicitó expresamente a todos los gobernadores, sin excepción alguna, probidad y transparencia con el nuevo sistema.

Esto en el contexto que la actual Intendencia realizó cambios considerables en la medición de los habitantes que deben recibir agua potable mediante camiones aljibes, para poder llegar a la mayor cantidad de familias posible, por lo que se estableció que los propios municipios estarían a cargo de elaborar la nómina de los receptores y velar que esta fuera fidedigna.

Pese a esto, se denunció que había firmas de beneficiados que se repetían en diferentes casas, viviendas de veraneo que recibían el recurso destinado a la emergencia e incluso había personas ya fallecidas que aparecían en las nóminas de beneficiarios.

Así, el funcionamiento de la empresa de Fernando Vallejos Guíñez sería fiscalizada por su propio tío.

Para el siguiente 3 de enero, según información de la Fiscalía, Vallejos Guíñez delegó la representación de la sociedad Sotrafer SpA a Pedro Alfonso Vásquez Ortiz, y con esta nueva administración, comenzó a operar a partir del 8 de enero siguiente.

De todas formas, al día siguiente, el intendente Martín Arrau decidió prescindir, desde ese momento, de los servicios de la empresa Sotrafer SpA, cuyos servicios se destinarían a las comunas de Chillán y Chillán Viejo. Pero los pagos, desde el 3 de enero a esa fecha, sí se efectuaron.

En un comunicado público el intendente Martín Arrau planteó de todas maneras que, “cabe precisar que la empresa no ha incumplido ninguna norma legal, por lo que esta medida se fundamenta en que al inicio y durante el proceso, el intendente Arrau solicitó de manera enfática a las autoridades de Gobierno Interior transparencia en el nuevo sistema que debutó en la región el 1 de enero del 2019”.

Conociendo que la Fiscalía Regional formalizaría a Vallejos por esa situación, el intendente dijo que “en lo que a nosotros respecta como Intendencia, ya está todo resuelto y es de público conocimiento. La misma prensa publicó en varios artículos cuál fue nuestro parecer al respecto y eso sigue de la misma manera”.

Además recordó que “entonces las contrataciones se hacían de manera directa, pero el proceso se ha ido perfeccionando y nosotros ahora estamos con licitación pública”.

Solo otra estrategia

Luego de haber contratado a otros dos equipos de abogados para su defensa en la causa que el Ministerio Público sigue en su contra por el caso “Led”, relacionado con hechos de presunta corrupción en la licitación de recambio de luminarias para la comuna de Chillán, el ex administrador municipal se hizo de los servicios de la firma jurídica del abogado Juan Carlos Manríquez, quien hizo noticia en Ñuble por haber conseguido la excarcelación del gerente de Línea Azul, Marcelo Hernández.

Hernández estaba como preso preventivo por su responsabilidad en el accidente de uno de sus buses en la Región de O’Higgins, en 2019 y que le costó la vida a seis personas. Hoy, tras varios intentos por revocar esa cautelar, se encuentra con arresto domiciliario total.

Manríquez, como el propio Vallejos, se sorprendieron ante el anuncio de la Fiscalía Regional, respecto a esta nueva formalización por los camiones aljibe.

Sin embargo, para el abogado, “esto es una estrategia procesal del Ministerio Público. Ayer, después de cuatro meses, apareció en el sistema una petición para una nueva audiencia en el mes de octubre, por un supuesto delito con los aljibe. Con eso lo que logran recurrir al inciso 3º del artículo 140, que dice que una de las causas que imposibilitan que alguien pueda salir en libertad cuando tiene otra causa pendiente. Y esta causa pendiente pareciera que se la armaron esta semana”.

Manríquez dice desconocer todo antecedente respecto a esta causa, “salvo lo que aparece en la página del Poder Judicial, pero se supone que la audiencia de formalización es para eso, para saber qué es lo que tiene el Ministerio Público y qué es lo que van a hacer”.

Hecha la solicitud al Tribunal de Garantía de Chillán, ahora será esa instancia la que deba fijar la fecha y hora para esta audiencia.

Conforme al artículo citado por el abogado Manríquez, Vallejos deberá permanecer en prisión preventiva, a lo menos, hasta que esa formalización se resuelva.

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