En la misma semana en que Carabineros de la XVI Zona informaba que en el mes de abril se había superado la cantidad de detenidos por incumplimientos a las normas sanitarias, desde que se inició la pandemia, es decir 1533 detenidos, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott envía un instructivo a todas las fiscalías del país para que se deje de perseguir estas desobediencias como un delito, a menos que se compruebe que el o los imputados realmente estaban poniendo en riesgo la salud pública.
Lo anterior, argumentaría Abbott, es a raíz de los fallos de la Corte Suprema, en que se absolvía a estos detenidos, precisamente porque no se acreditaba que su mera presencia en la vía pública fuera un factor de contagio para terceros.
Parecer del que también se ha hecho parte la Corte de Apelaciones de Chillán en los casos relacionados con detenciones por el artículo 318 del Código Sanitario.
Y ayer, cuando Carabineros daba cuenta de otros 36 detenidos en Ñuble, la fiscal regional, Nayalet Mansilla convocó a reunión a todos su equipo de abogados para establecer cuáles serán los parámetros que deberán cumplir estas situaciones de incumplimientos para ordenar o no que se detengan a las personas controladas.
“Se ha establecido que determinadas conductas no serían constitutivas de delitos, específicamente que no ponen en riesgo la salud pública por no constituir un peligro hipotético, se han establecido nuevas instrucciones con relación la persecución de estos delitos”, dijo a LA DISCUSIÓN, la fiscal Mansilla.
Con un marco situacional, aparentemente más definido respecto a lo que corresponde al Derecho Penal en materia de la persecución a las faltas al artículo 318, la fiscal regional explica que “he establecido en reunión con los fiscales y abogados asistentes de la región, que en definitiva se establezcan mayores antecedentes de este delito hipotético, tanto para efectos de pasar a los imputados a control de detención, como para judicializar causas”.
A criterio fiscal
Es previsible que en los primeros meses haya límites que asomen difusos. Por ejemplo, mientras que el encontrarse a un matrimonio o a integrantes de una misma familia caminando en toque de queda ya no sería visto como una amenaza a la salud pública; sí lo sería si en ese mismo grupo hay personas que no vivan en el mismo hogar.
El cuándo sí y cuándo no, entonces, quedará a criterio de cada fiscal de turno, quien en adelante, deberá pedir mayores antecedentes del caso al personal aprehensor.
Lo que no es objeto de cuestionamientos es, por ejemplo, las fiestas clandestinas, las reuniones no autorizadas de un grupo de personas que no vivan juntas, ya sean en espacios públicos o privados y, desde luego, que la persona detenida esté efectivamente contagiada con coronavirus. En este tipo de casos, la detención y su posterior persecución penal serán inapelables.
Visión parlamentaria
Las autoridades advierten que pese a esta autolimitación desde el ámbito penal en la persecución de esta falta sanitaria, las multas y los sumarios sanitarios siguen vigentes, ya que su aplicación es una disposición de la autoridad sanitaria y no de la penal.
En Ñuble se han cursado cerca de cinco mil sumarios sanitarios, de los que ya se han ejecutado cerca de tres mil.
Pero indudablemente, el que los tribunales hayan declarado que caminar solos por la calle en toque de queda no es, en ningún modo, un delito, contradice el argumento del Gobierno, que apercibía a la comunidad que quien incumpliera estas restricciones podría incluso pagar con cárcel.
Para el diputado Gustavo Sanhueza, “esto es un golpe para la salud pública porque se pierde una de las herramientas que teníamos para controlar la movilidad. Y esto ocurre justo cuando en este momento estábamos preparando un proyecto de ley para endurecer las penas a quienes incumplieran estas disposiciones”.
En contraste, el diputado Jorge Sabag, sostiene que “esto es un golpe de realidad, es un sincerar una situación insostenible como lo era el endosarle a la Fiscalía cientos de miles de causas por este tema, lo que los haría colapsar”.
Finalmente, añadió que “creo que al principio, cuando se optó por perseguir penalmente esta insurrección, nadie dimensionó ni cuánto íbamos a estar en esta situación, ni los efectos negativos que tendría para el trabajo, el comercio y la salud mental de las personas, por lo que mucho menos, la cantidad de personas que saldrían con o sin permiso”.
