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Fiscalía indaga millonarios contratos de áreas verdes y canchas sintéticas

Un tenso clima reina dentro de la Municipalidad de Chillán, como consecuencia de las investigaciones que se realizan en diversos frentes para determinar eventuales irregularidades, no solo en el caso de la licitación de las luminarias led, sino que respecto de otros contratos importantes en el que pudieron intervenir el ex administrador municipal Ricardo Vallejos, y el ex asesor jurídico Marcelo Campos, ambos en prisión preventiva e imputados por presunto cohecho y violación de secreto en la licitación de las luces led a la empresa Itelecom.

Un hecho, hasta ahora poco conocido, ocurrió hace un par de semanas, luego de que fueran detenidos, cuando según fuentes internas, una funcionaria de confianza del alcalde Sergio Zarzar interpeló duramente a personal de Jurídica, responsabilizándolos de los eventuales problemas que este tema traería a la autoridad comunal.

A ese suceso, se suma que funcionarios de carrera se vieron tangencialmente afectados en este caso, pues sin haber sido parte de la Comisión que aprobó las bases y seleccionó a la cuestionada empresa Itelecom, tuvieron que firmar los respectivos decretos de adjudicación, pues los titulares se encontraban con vacaciones o subrogando en otras unidades del consistorio.

Esto llevó a que personal municipal sin aparente mayor relación con el concurso público, fuera llamado a declarar ante la Fiscalía y la PDI con el fin de determinar la participación que pudieron tener en la cadena de decisiones internas que llevaron a que el municipio firmara contrato con la cuestionada firma Itelecom, proyecto que posteriormente fue desahuciado por el alcalde ante la gravedad de los sucesos que son investigados.

Adicionalmente, otros funcionarios municipales que no forman parte del equipo de confianza del la primera autoridad, y que no estaban en el estrecho grupo que conformaban el administrador y Marcelo Campos, tuvieron que declarar por la Fiscalía, según revelan concejales.

En este caso, habría muchas personas que poseen información clasificada, que no ha salido a la luz pública, pero que respaldaron oportunamente sus datos, los que estarían en poder de Fiscalía. Esto habría abierto, en palabras de concejales, una “caja de Pandora”, con hechos que debieran ser conocidos en el futuro.

Proyectos millonarios

El concejal Víctor Hugo Sepúlveda (PC) lo ejemplifica en el hecho de que cuando fue llamado a declarar en el marco de la investigación policial por el caso led, se le consultara, sin preámbulo alguno, respecto de su conocimiento de otros millonarios proyectos municipales.

Sepúlveda manifestó que le sorprendió que los detectives de la PDI tuvieran un conocimiento bastante acabado de emblemáticas iniciativas locales, lo que pareciera demostrar que no solo investigan el contrato de luminarias led, sino que además la concesión de áreas verdes.

Camilo Benavente (PPD),  quien igualmente fue interrogado, planteó que la tesis que subyacería, y para la cual se buscan antecedentes, es que en algunas licitaciones existiría una suerte de modelo que “estaría reñido con la probidad administrativa”.

Es por ello que a no pocos les llama la atención que eventualmente se liguen al caso led, tanto desde la Fiscalía, como de parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE) o la Contraloría, contratos como el de la licitación para instalar canchas de pasto sintético en varios barrios de la ciudad.

En este caso, recordó Sepúlveda, se trató de un plan modernizador de sitios deportivos que fue importado desde la Municipalidad de La Florida y que consistió básicamente en entregarle a un privado el arreglo de las canchas, a cambio de un arriendo mensual de $30.000.000, pagado por el municipio en un plazo de cuatro años, hasta totalizar $1.500 millones aproximadamente.

Contraloría

El concejal Jorge Vaccaro (RN) agregó que efectivamente existen indicios de que la Fiscalía y la Contraloría se enfocarán a desentrañar los pormenores de una serie de contratos firmados por esta administración y empresas privadas en el último tiempo.

Vaccaro precisó que el hecho que seis concejales se hayan hecho parte de la querella contra quienes resulten responsables de los hechos ocurridos en el interior del municipio, es positivo por cuanto suma al debate a personeros políticos locales que tienen mucho que aportar en las investigaciones.

El asesor en temas municipales, Luis Díaz Acuña, indicó que la presencia de Contraloría en este caso debiera ser vista  como un hecho positivo, por cuanto investigaciones sumarias internas municipales pueden ser poco objetivas.

Sobre el juez de Policía Local Ignacio Marín, quien en un primer momento debía instruir el sumario ordenado al interior del municipio para indagar el caso led,  indicó, “daba garantías de seriedad y transparencia, pero está dentro de la esfera municipal y en casos como este se necesita que sea una entidad externa la que lleve adelante las investigaciones”.

Díaz agregó que la investigación del ente contralor no debiera durar más allá de seis meses. Si bien la entidad no aplica Justicia, sino que propone sanciones administrativas internas, que el alcalde de turno puede aplicar o no, es un hecho que por la gravedad del caso, este organismo se coordinará con otros como la Fiscalía que investiga hechos similares.

Díaz agregó que todo funcionario público está obligado a denunciar todo hecho que pueda ser catalogado como delito, y en ese sentido, el personal municipal, así como Contraloría y sus funcionarios,  deben actuar dentro del marco de la ley.

Tensión interna

La tensión interna no se ha detenido y no son pocos los concejales que piden que los que integraron la comisión que validó la oferta de Itelecom salgan de sus puestos mientras duren las investigaciones.

De hecho al interior del municipio se asegura que antes de que el juez del Primer Juzgado de Policía Local, Ignacio Marín,  tuviera que dejar el caso, luego de que la Contraloría Regional asumiera las pesquisas en el ámbito administrativo, era un hecho que al menos tres personas saldrían temporalmente desde el municipio.

Actualmente, la entidad regional está analizando los antecedentes proporcionados por el ex fiscal del sumario interno y se espera que sean llamados a declarar los funcionarios que prestaron declaración.

En este ambiente, la Asociación de Funcionarios de Planta de la Municipalidad de Chillán, se encuentran en alerta frente a los sucesos que han remecido al municipio chillanejo y que muy probablemente sumará nuevos capítulos en las próximas semanas y eventualmente nuevas detenciones.

Zoraya Martínez, presidenta de la entidad local y referente máximo de las asociaciones de municipales en la región, manifestó: “defenderemos el principio de inocencia de los funcionarios municipales que en la actualidad están siendo investigados”.

Además, la profesional de la Municipalidad de Chillán, que se desempeña en la Dideco, indicó que como dirigentes realizarán un llamado para que el municipio local mejore sus procedimientos internos y sobre todo se termine el cuoteo político y la designación de “personal de confianza”.

Zoraya Martínez agregó que en este, como en muchas municipalidades del país, la existencia de ese tipo de funcionarios ha generado “quiebres” al interior de las corporaciones, al tomar decisiones para las que las personas designadas por el alcalde de turno no están capacitadas técnicamente.

La profesional sostiene que los problemas detectados están muy relacionados por la falta de “profesionalización de la gestión interna, de tal manera que personas sin expertis ni experiencia llega a dar órdenes a personal altamente calificado y con probidad a toda prueba”.

En el consistorio, agregó, en la actualidad existen muchas personas en calidad de subrogantes, para puestos clave del engranaje municipal, quienes responden muchas veces a intereses políticos y no técnicos y carecen de una visión de ciudad y de planificación a largo plazo.

Foto: Cristian Cáceres

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