Con la lectura de la acusación, en voz de la magistrada Claudia Montero, quien actúa como jueza presidenta comenzó el juicio por el caso fraude al Fisco en Chillán Viejo, que se resume en la pérdida contable de $82 millones, que se presumen desviados durante el periodo preelectoral, para favorecer mediante asistencialismos la candidatura del alcalde Felipe Aylwin.
La acusación fiscal se divide en cuatro grupos de imputaciones, con sobre un centenar de testigos y peritos ofrecidos por parte del Ministerio Público, y más de 200 medios de prueba, por lo que se estima que el juicio se extenderá más allá de un mes.
Además del jefe comunal están acusados en esta causa Jorge León Sánchez, Ulises Aedo Valdés, Susana Fonseca Cartes, Francisco Fuenzalida Valdés, María Gabriela Garrido Blu, Paola Araya Quijada, Ignacio Moreno Seguel y Silvana Ríos Steckler.
Ellos enfrentan penas que van entre los 5 y 10 años y un día de cárcel, según las acusaciones presentadas por el fiscal Álvaro Serrano y de Mariella Dentone, del Consejo de Defensa del Estado (CDF)
, quien actúa como querellante en este caso.
Fue, por tanto, un arranque sin mayores controversias, salvo por dos solicitudes hechas por el fiscal Serrano, en orden a agregar dos declaraciones escritas en el juicio y a notificar a uno de los acusados, Francisco Fuenzalida, que acudir al juicio en su calidad de acusado es obligatorio y no hay razón laboral que le pueda impedir la comparecencia.
Serrano deslizó que Aylwin (quien a su juicio debe estar suspendido) ejerció presión para que el abogado del Juzgado de Policía Local, Francisco Fuenzalida, faltase, asegurando que se hizo todo lo posible para que este funcionario faltara.
El alcalde respondió que “lo que pasa es que le pedimos al tribunal que nos hiciera llegar un documento indicando las fechas en que debía venir cada testigo o imputado, para que no ocurra que alguien se aproveche de la situación y se ausente de sus funciones asegurando que viene al juicio. Actuaremos como ordena la Contraloría y quien nos muestre esa citación podrá venir”.
Dos tecnicismos
Respecto a las declaraciones, una es de la proveedora de insumos de la Municipalidad, Marta Mardones, a quien le quedaron debiendo dinero en el municipio y quien falleció a fines de abril.
Las otras son la del pastor evangélico Fredy Guerra, quien debió viajar a Canadá, y la de la proveedora de abarrotes Carmen Quiroz.
Las defensas se opusieron argumentando que la solicitud ya era extemporánea. Finalmente, el Tribunal acogió solo la declaración de Marta Mardones.
Apelando a tecnicismos, la defensa adelantó que “nos opondremos en su momento, porque la señora Mardones no estaba inscrita como testigo, sino como imputada, y ahora no puede aparecer como testigo”, dice Rodrigo Vera Lama, abogado de la empresaria Silvana Ríos.
Y es otro tecnicismo, sin embargo, el que le permitirá al tribunal conocer los testimonios de Guerra y Quiroz, cuando pase a declarar el funcionario de la PDI que los interrogó.
El fiscal Álvaro Serrano, afirmó que “es muy relevante que en el caso de una testigo fallecida se permita la lectura de su declaración durante el juicio, y respecto a los otros dos testigos, hay otros medios de prueba que nos permitirán acreditar el mismo punto”.
