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“Falta mayor decisión de la autoridad en proyectos urgentes para Ñuble”

A partir de la necesidad de sumar fuerzas y generar un frente común frente a los desafíos en materia de riego en la región, a fines de enero se formalizó la creación de la Federación de Juntas de Vigilancia y Canalistas de Ñuble, integrada por las juntas de vigilancia de los ríos Ñuble, Diguillín y Chillán, así como también por asociaciones de canalistas, la que definió como un desafío prioritario la ejecución del plan de embalses para Ñuble atendiendo el complejo panorama hídrico que afecta al país.

Su secretario ejecutivo, el empresario agrícola Francisco Yávar Marcenaro, productor y exportador de frutas y espárragos y director de la Junta de vigilancia del río Chillán, explicó que “existía un diagnóstico compartido de que faltaba mayor cohesión de las organizaciones de usuarios de aguas de Ñuble, que nos permitiera abordar desde un frente común las principales demandas y desafíos en materia de riego y sostenibilidad del recurso hídrico. Si comparamos cada una de las organizaciones que participan en esta nueva federación, advertimos que presentan objetivos bastante comunes, como el desarrollo de embalses, la modernización de la infraestructura de riego o la necesidad de converger hacia una mirada sistémica en la gestión integrada de nuestras cuencas”.

¿Cómo se gestó la idea?

No es una idea nueva, siempre se sentía en el ambiente de la conversación informal la necesidad de formalizar una federación, que fuera representativa de las organizaciones de usuarios de aguas de Ñuble. Todos estamos trabajando por un mismo fin y entonces, ¿por qué no unir fuerzas para lograr nuestro objetivo?

¿Quiénes son sus principales promotores?

Sus principales promotores han sido los propios regantes, aquellos pequeños y medianos agricultores que durante el verano trabajan de sol a sol, haciendo turnos para cuidar la poca agua que tienen.

¿Existen experiencias similares en Chile que hayan inspirado esta decisión?

Conocíamos muy de cerca la experiencia de Maule y de O’Higgins que nos inspiraron no solo en la idea de conformarnos, sino que con valiosa información administrativa y técnica para asegurar la viabilidad de un proyecto como éste. Estamos convencidos que la experiencia comparada y la sinergia entre federaciones del país nos puede ayudar a abordar de forma seria y consistente los grandes temas del presente y futuro del agua. Ya es hora de alentarnos y no esperar que la sequía afecte a todos: agricultores e incluso a los habitantes de las ciudades.

Construcción de embalses

Considerando que los tiempos de construcción de embalses son prolongados, ¿en el caso de los proyectos que se construirán en Ñuble -Punilla, Zapallar y Chillán- ha habido una demora mayor?

Es indudable que los embalses de Ñuble han esperado una eternidad para concretarse, por falta de voluntad política, desconocimiento y también por la ausencia de una visión estratégica de las autoridades que les permita anticiparse a graves crisis potenciales en torno a la sequía. Siempre ha sido más rentable para los gobiernos la mirada cortoplacista, que se fundamenta en la lógica del poder y no en el desarrollo de largo plazo del país. Recientemente, el ministro Alfredo Moreno ha calificado a la sequía como un “terremoto silencioso con una nueva réplica cada día”, incluso no ha descartado el racionamiento de agua, entonces, como Federación nos preguntamos ¿por qué no se actúa en consecuencia con los embalses que están considerados en el Plan Ñuble y comprometidos por el Presidente Sebastián Piñera?

Más allá de los temas puntuales, como lo ocurrido con el estudio de impacto ambiental del Zapallar (debió ser retirado del SEA debido a las numerosas observaciones), ¿a qué atribuyen la demora en los casos de los embalses Chillán y Zapallar?

Primero, no tomarle el peso al problema, porque en comparación a otras regiones, Ñuble aún no sufre racionamiento, por lo tanto, se le baja el tranco a los proyectos, más aún cuando en el último tiempo las prioridades del Gobierno se han volcado a una agenda social; pero mayoritariamente podemos hablar también de una falta de voluntad política. Cada vez que se cambia una autoridad, es como empezar de cero, no hay una continuación y, puntualmente, en el caso de Zapallar, el informe no se hizo como corresponde, lo que nos llevó de nuevo a retroceder y perder tiempo valioso en su proceso. A eso, además, hay que sumarle una variable externa que es una comunidad mucho más empoderada, que a través de la oposición suman obstáculos.

¿Se podría decir lo mismo de los tropiezos que ha enfrentado el proyecto Punilla?

El diagnóstico de la Federación es que para el Gobierno hoy los embalses no son una gran prioridad, situación que se agudizó con el giro en la agenda social de los últimos meses. Entendemos que hay variables incontrolables como con Punilla la situación del actual concesionario (Astaldi), pero también faltó proactividad y control de las variables de desarrollo del proyecto. El camino es el financiamiento fiscal por la Ley de Obras Mayores de Riego, opción que el ministro de Agricultura, Antonio Walker, y el subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, confirmaron como viable desde el punto de vista del análisis y de una posible decisión.

¿Por qué descartar una nueva concesión? ¿Qué evaluación hacen del modelo de concesiones para financiar embalses?

El modelo de concesiones era una solución inteligente luego de un largo camino recorrido por nuestros regantes, porque priorizaba el riego y permitía conciliar esfuerzos financieros entre el Estado, los regantes y el generador energético, sin embargo, cuando el Estado no asume con propiedad estos proyectos los riesgos de incumplimiento son mayores. Ésa es la razón que sustenta el cambio hacia la idea primaria del financiamiento fiscal.

¿No es inoportuno defender el financiamiento directo del Estado para construir embalses en un contexto donde el foco de los esfuerzos del fisco está puesto en abordar demandas sociales?

Quienes plantean hoy que es inoportuno el financiamiento fiscal de los embalses por el contexto social, desconocen que durante toda la primera parte de este siglo, más o menos entre el año 2000 y 2008, el propio Ministerio de Obras Públicas, sus servicios relacionados y el entonces Gobierno Regional del Biobío manifestaban la viabilidad de que, por ejemplo, el embalse La Punilla se ejecutara a través de la Ley de Riego N° 1.123, opción que en los gobiernos siguientes cambió. Por otra parte, separar los embalses de la agenda social es un profundo error, porque todos sabemos el impacto que estas obras tienen en el mundo rural, en la disminución de la pobreza y en el desarrollo de la pequeña agricultura, sobre todo, en una región como Ñuble, donde uno de sus motores productivos es la agricultura. Si hay algo que en Ñuble sabemos hacer, es cultivar la tierra. No necesitamos clases para ello, solo necesitamos agua.

Los regantes del Diguillín han planteado que también es conveniente financiar las obras de riego para los “blancos” mediante el DFL 1.123. ¿Cómo ha sido la acogida de esta propuesta por parte del Gobierno?

Como Federación compartimos las demandas de los regantes del Diguillín, porque en el proyecto original se resolvió financiarlo a través del DFL 1.123, incluso con el visto bueno de Contraloría. Por lo tanto, seguir retrasando estas obras para las “áreas blancas” del Diguillín significa seguir postergando a más de 1.800 pequeños agricultores que dada su delicada situación económica no pueden contribuir a un sistema de fondos concursables. Acá nuevamente falta mayor decisión de la autoridad en proyectos que son urgentes para el desarrollo social de Ñuble.

¿Cómo evalúan la forma en que el Gobierno ha abordado la crisis hídrica en Ñuble? Se lo pregunto porque recién en febrero se solicitó declarar la emergencia agrícola.

La redacción inicial del primer informe de la Mesa del Agua lo dice todo, porque se habla de la mayor sequía que ha sufrido el país desde que se tenga registro, “con enormes impactos en las regiones ubicadas entre Atacama y Maule”, donde claramente Ñuble no aparece en el mapa perceptual de las autoridades del nivel central. Las diversas organizaciones de agua de la región anunciaron esta gran sequía en septiembre pasado y nuevamente no se reaccionó como demandaba la situación. Las estadísticas hoy hablan por sí solas: cerca de un 50% en el déficit de caudales de los ríos, una gran superficie agrícola que no se está regando y pérdidas masivas en diversos cultivos. Ahora, el peor trámite es el que no se hace; pero lamentablemente, esta solicitud llegó tarde, porque al requerimiento hay que agregarle un tiempo de respuesta y eso podría demorar meses.

Entre las medidas recomendadas por la Mesa Nacional del Agua, convocada por el Gobierno, no se fijó como uno de los ejes prioritarios la construcción de embalses. ¿Qué riesgo ve usted en esta decisión?

Desde una mirada sistémica del recurso, nosotros comprendemos que la seguridad hídrica, el consumo humano, la calidad de las aguas y la protección de los ecosistemas, deben ser pilares de una gran política nacional, pero del mismo modo nos parece que la ausencia de embalses y de otras obras de riego, es un sesgo que nos puede llevar a una gran crisis como país. Mientras no exista real conciencia de los efectos de la sequía, seguiremos entrampados en el corto plazo y será una bomba de tiempo para las nuevas generaciones. Nos tenemos que ocupar del problema ya, porque tal como hemos visto los embalses no estarán de un día para otro. Son obras de largo plazo y entre antes comiencen, más nos anticiparemos para estar preparados.

Foto: Mauricio Ulloa

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