Fallo judicial permite a Línea Azul volver a sus funciones – La Discusión
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Fallo judicial permite a Línea Azul volver a sus funciones

Es sólo debido a la emergencia sanitaria que afecta a todo el país y a las consecuentes restricciones en la movilización que “la empresa aún no comienza a operar, pero legalmente Línea Azul, podría comenzar a reactivar todas sus funciones de forma inmediata de Santiago al Sur”.

Las palabras son del abogado de la empresa de transportes chillaneja, Roberto Alarcón, quien el pasado miércoles fue notificado de la resolución del Primer Juzgado Civil de Chillán, en causa ejecutoria, y que acogía el recurso de protección en contra de la Seremi de Transportes de Ñuble, presentado por su firma en favor de la, hasta entonces, suspendida Línea Azul.

Es más, tras el fallo del Primer Juzgado Civil, la Corte Suprema, (con dos votos en contra), revocó la primera sentencia de la Corte de Apelaciones de Chillán que, acogiendo la solicitud de la seremi de Transportes de Ñuble, dispuso la suspensión de la inscripción de buses operados por la recurrente, con lo que Línea Azul no podía seguir prestando ninguna clase de servicios, luego del accidente registrado en San Francisco de Mostazal, en julio de 2019, y que costó la vida de seis personas y dejó más de 40 lesionados.

Las acciones judiciales que inició la Seremi de Transportes se fundamentaban en una serie de irregularidades descubiertas tras el accidente, por la SIAT de Carabineros de Rancagua, quienes certificaron desperfectos técnicos graves en un bus, el que además, estaba con prohibición de circular, y que para poder seguir prestando servicios, le adulteraron las patentes.

De esta manera, la sentencia de la Corte de Apelaciones de Chillán significó la suspensión de la inscripción de 17 buses de servicio interurbano y de 49 buses de servicio rural operados por la recurrente.

“Lo que en definitiva sucede, y así queda de manifiesto en el fallo de la Corte Suprema, es que se considera que la determinación de las seremías en Talca y en Chillán había sido arbitrario e ilegal”, detalló el jurista.

Si bien el fallo civil puede ser objeto de apelación por parte de las seremías de Transporte de Ñuble y de Maule, “en caso de hacerlo, la empresa no queda obligada a volver a suspender sus servicios”, precisó.

Trato desigual

Otro de los párrafos que llaman la atención en la sentencia de la CS es aquel en el que se expresa que “se dio a la recurrente un trato desigual y diferenciado respecto de otras empresas de transporte público de pasajeros que enfrentaron en el pasado situaciones análogas”.

Para el abogado Alarcón, esta es una alusión casi directa a Tur Bus, empresa de la que fue asesora la actual ministra de Transportes, Gloria Hutt.

“Y aunque en el fondo es ella quien ordena las decisiones del resto de las seremías del país, no es ella quien va a pagar las indemnizaciones ni va a responder por las determinaciones tomadas, sino que los seremis de Ñuble y de Talca, a quien ella le está ahora derivando las responsabilidades”, apunta Alarcón.

Desde la firma jurídica explicaron a LA DISCUSIÓN, que si bien pueden venir acciones legales en términos de indemnizaciones, “lo que nosotros buscamos es que se destape lo que realmente está ocurriendo en el mercado de transportes en Chile.

A modo de ejemplo destaca que “cuando se le pregunta al intendente (Martín Arrau) y a la seremi de Ñuble (Bárbara Kopplin) por los servicios de transportes que quedaban sin cobertura en la región, ellos dijeron que los realizarían Pullman Bus y empresas Bío Bío, que es una filial de Tur Bus, de la que fue asesora la ministra”.

Incidencia en lo penal

Por tratarse de instancias judiciales diversas, esta resolución civil no afecta lo resuelto desde lo penal, por lo tanto, el gerente de Línea Azul, Marcelo Hernández, deberá permanecer en calidad de preso preventivo e imputado por cuasidelito de lesiones y cuasidelito de homicidio, como resultado del accidente de 2019.

Pese a esto, para el estudio jurídico que defiende a Línea Azul, alberga esperanza de que la calificación de “desproporción, arbitrario e ilegal que hicieron de la sentencia respecto a este caso, es porque nunca se pudo determinar que la empresa no estuviera operando fuera de norma como lo planteó el Ministerio”.

Finalmente, y en forma paralela, el abogado penalista de la firma solicitó una nueva audiencia para revisar la cautelar que pesa en contra de Hernández.

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