El exsubsecretario de Telecomunicaciones, Rodrigo Ramírez Pino, destacó que no hay posibilidad de avanzar en términos de conectividad digital si no hay una infraestructura habilitante en los territorios, lo que advirtió que representa un riesgo de profundizar la amplia brecha digital en el país. Por ello, planteó la necesidad de aumentar la conectividad a través de una mayor inversión pública y una disminución de la burocracia.
“En esta discusión de brecha digital versus 5G, si no abordamos el despliegue de infraestructura digital como algo habilitante para todas las industrias, vamos a profundizar las desigualdades, porque el 5G solo va a llegar a industrias que son atractivas comercialmente, no está pensada para que un usuario pueda bajar más rápido un video o para un microempresario, está pensada para la minería, para la gran industria de puertos, la logística. Entonces, vamos a tener esa dualidad: un país que piensa 5G pero que aún no resuelve sus pendientes”, lanzó el profesional, quien actualmente preside la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, asociación gremial que reúne a empresas de infraestructura de telecomunicaciones, que son aquellas que despliegan la fibra óptica y las antenas.
Enfatizó que “si no abordamos el despliegue de infraestructura digital, todas las demás verticales, desde educación, salud, seguridad pública, las vamos a dejar desprovistas y de mala calidad”.
Ramírez postuló que “hay una discusión muy relevante para nosotros, que tiene que ver con las barreras y la sobreburocracia para poder atender las demandas de conectividad de los ciudadanos. Se ha hecho un lugar común que la pandemia ha relevado nuestros pendientes, entre ellas, la desigualdad digital, que va asociada a otras desigualdades: de ingreso, de acceso, de género, territoriales, etc. Pero cuando vas a un municipio a solicitar un permiso, que es el que autoriza las obras, puedes tardar, en promedio, un año y cuatro meses”.
“¡No es posible que en Chile para solicitar un permiso en un municipio se demoren más de tres semestres -continuó-, cuando en otros países de la región se demoran mucho menos! En Perú, por ejemplo, se demoran dos meses, en Colombia son tres meses, en Brasil son cuatro meses. Ahora, frente a la pandemia, que obligó a las familias a permanecer más tiempo en sus casas y a consumir más internet fijo, las autoridades de esos países resolvieron facilitar el despliegue, porque para que llegue un operador a un sector o a un barrio, lo primero que ve es si hay fibra óptica o si hay antena”.
En ese sentido, comentó que “pensamos cómo poder generar incentivos para que los municipios entiendan que si aumenta un 10% de penetración de internet en su territorio tienen un impacto directo, objetivo y medible en varios indicadores, como empleo, calidad de la salud, calidad de la educación, reducción de la pobreza y la desigualdad, cambio climático, entre otros. Ese es nuestro peregrinar”.
Desigualdad territorial
El dirigente gremial hizo hincapié en la gran desigualdad territorial en acceso a Internet que existe en Chile y ejemplificó con que de las más de 700 empresas que participaron en el Cyber Monday, solo 30 eran de regiones. En esa línea, comentó que regiones como Ñuble, Maule o La Araucanía están entre las peor conectadas del país, pues por su alta ruralidad y alta dispersión poblacional son poco atractivas comercialmente.
“Las empresas que prestan el servicio final van a ir donde haya demanda, entonces, ahí se requiere la participación del Estado, pero no de un Estado centralizado, sino que en los planes digitales regionales. Hoy no existe ninguna región con un plan de desarrollo digital, no hay una agenda digital regional. Por ello, los principales desafíos en materia de conectividad digital son territoriales. ¿Cuántos recursos del Gobierno Regional están dispuestos a poner para mejorar la conectividad de la región? ¿Cuántos recursos de los presupuestos municipales están disponibles para este objetivo?”, lanzó el profesional.
Argumentó que “en los últimos cinco años, la inversión en telecomunicaciones en el país ha sido de 15 mil millones de dólares, de los cuales la inversión pública alcanza el 1%”.
En esa línea, lamentó que “no hemos podido generar una participación activa por parte del Estado para instalar la conectividad como un derecho. Internet hoy es tan importante como el agua o el gas, es un servicio básico, y cuando se entra en esa categoría el Estado tiene participación en su fomento y en su aplicación, ya sea por subsidios directos a la oferta o a la demanda”.
Ramírez explicó que “en Chile, el presupuesto de las familias de los quintiles más bajos en servicios de telecomunicaciones es de un 24-25% de los ingresos; sin embargo, el indicador de Naciones Unidas dice que el gasto en materia de conectividad entre los quintiles más bajos no puede ser superior al 2% del ingreso. Y la paradoja es que Chile tiene el precio del Giga más bajo de Latinoamérica, de 0,87 dólares; en México vale 4 dólares y en Argentina vale 5 dólares”.
