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En 4 a 5 meses se define el futuro de Punilla

En los próximos cuatro a cinco meses  la comisión arbitral debiera resolver el fin del contrato de concesión del embalse La Punilla, según declaró ayer el ministro del Interior, Andrés Chadwick, en su visita a la región.

“El embalse La Punilla está comprometido, como el Presidente Piñera lo ha señalado, lo vamos a sacar adelante. Hemos tenido un tropiezo, porque lamentablemente, la empresa constructora ha incurrido, a nuestro juicio, en situaciones de incumplimiento del contrato y nosotros como Gobierno, y el Ministerio de Obras Públicas, está actuando. Nosotros tenemos la obligación legal y el deber de que si hay incumplimiento, exigir el cumplimiento del contrato”, expresó el secretario de Estado, en alusión a la situación generada con la empresa Astaldi, que no cumplió un requisito esencial del contrato suscrito en agosto de 2016, que era enterar el capital social de la sociedad concesionaria por un monto de $40 mil millones en un plazo de 36 meses, vale decir, el 10 de agosto de 2019.

A dicha fecha, la italiana sólo había depositado $14 mil millones, por lo que el 14 de agosto el MOP cobró la póliza de garantía por $16 mil millones. Además, el lunes 2 de septiembre presentó una demanda ante la comisión arbitral para caducar el contrato de concesión aduciendo incumplimientos graves.

Fin de la concesión

“Como ustedes bien saben, se ha demandado para que los jueces árbitros se pronuncien sobre los incumplimentos de la empresa, y esperamos que en un plazo no mayor a cuatro, máximo cinco meses, tengamos la sentencia, y si tenemos razón, en este tiempo vamos a determinar si el embalse La Punilla lo seguimos construyendo bajo un llamado a una nueva licitación, o lo seguimos construyendo bajo obra directa por parte del Ministerio de Obras Públicas. Esa decisión la tomaremos durante este tiempo que va a demorar la acción judicial que hemos presentado, pero Punilla sí va a existir y lo vamos a hacer en el menor tiempo posible, pero no podemos permitir que las empresas falten a los contratos y no cumplan con lo que se comprometen a hacer”, adelantó Chadwick.

De esa forma, el Gobierno reiteró que no se cierra a financiar el embalse de US$465 millones con recursos fiscales, a través del DFL 1.123, tal como se ha hecho con la mayoría de los embalses del país, y que ello no debiera significar un retraso mayor.

Dicho planteamiento es precisamente el que ha expuesto la Junta de Vigilancia del Río Ñuble, cuyos dirigentes llamaron al Gobierno a descartar el modelo de concesión para abordar este proyecto emblemático, que sumará 66 mil hectáreas con 85% de seguridad de riego en la Provincia de Punilla, convirtiéndose en el mayor embalse del plan de 36 que priorizó el Gobierno.

No obstante, el debate también debiera extenderse al financiamiento del embalse Zapallar, cuyo estudio de impacto ambiental ingresó al SEA este jueves.

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