El canal Laja-Diguillín, un proyecto estatal que representó una inversión cercana a los US$200 millones y cuya principal obra, el canal matriz, terminó de construirse en 2008, aún no logra llegar con agua al 100% de la superficie que se definió en su diseño.
La principal razón es que aún resta abordar obras complementarias, como la construcción y acondicionamiento de canales secundarios para llegar con agua hasta los predios, tanto de aquellos que ya cuentan con riego como de los blancos (quienes aún no reciben agua pese a estar inscritos). Ello, sin considerar el embalse Zapallar, un proyecto complementario que permitirá sumar otras 10 mil hectáreas al riego. Como consecuencia de ello, el canal, construido para regar 44 mil hectáreas, actualmente cubre poco más de 27 mil, principalmente en Bulnes y San Ignacio, y en menor medida en Pemuco, El Carmen y Yungay.
Según su estudio de ingeniería, se requiere una inversión total estimada de $44.500 millones para las obras de mejoramiento y ampliación de 500 kilómetros de canales que permitan llegar con agua a más de 9 mil hectáreas de las llamadas áreas blancas, de Bulnes y San Ignacio, donde mil 900 agricultores de secano esperan hace más de dos décadas recibir las aguas del Canal Laja Diguillín.
Se estima que más de 5 mil 200 fuentes laborales se podrían generar con estas obras, lo que sería de gran ayuda para la deprimida economía regional. A modo de referencia, el peak de empleos que demandará la construcción del hospital de Chillán será de 1.200 trabajadores.
Hasta ahora la respuesta del Gobierno ha sido postular las obras de manera fraccionada a la Ley de Fomento al Riego 18.450, que según los dirigentes, es un camino lento y técnicamente impracticable. Y es que la mayoría de los agricultores que se verían beneficiados al pasar de secano a riego en Bulnes y San Ignacio son pequeños y con bajos ingresos, lo que les impediría postular a los concursos de riego, que exigen un aporte no menor.
Cobra total sentido entonces, el llamado que la semana pasada hicieron los regantes al MOP, de ponerle mayor celeridad a este proyecto, pues para su concreción basta con incorporarlo en el presupuesto 2021 y llamar a licitación, ya que el estudio de ingeniería está terminado desde diciembre de 2018.
Es importante reiterar el positivo impacto que tendrían estas obras no solo para recuperar la actividad económica regional, sino también para el riego y la agricultura de Ñuble, como también insistir en el rol clave que están llamados a desempeñar los parlamentarios y las autoridades locales en la definición de las prioridades presupuestarias 2021, hoy muy inciertas por la pandemia del coronavirus.
