Fue necesario un estallido social para que la política pública chilena reconociera el imperativo de incorporar a las comunidades en la cadena de valor de la riqueza que se genera en el territorio. Antes de dicho evento, ningún Intendente o Seremi había asumido la tarea de atenuar el contraste entre la generación de riqueza en el territorio con las comunidades afectadas. Es lo que ocurría con la industria de la celulosa de Ñuble, la industria de la madera de Arauco o la industria de la energía en Alto Biobío. Las empresas establecidas generan una cuantiosa riqueza para sus accionistas, en medio de la pobreza y la falta de oportunidades de las comunidades involucradas.
Hoy en día las señales en el mundo privado son distintas, pero la estructura pública ha sido más lenta en responder. Walmart Chile, por ejemplo, ha asumido como política que en cada nuevo supermercado Líder que construya, se privilegiará contratar a trabajadores y trabajadoras que residan en torno al lugar donde funciona el establecimiento. Codelco, empresa de clase mundial, ha comenzado a entender que su rol no es solo producir cobre para Chile sino también tiene una enorme responsabilidad de sumar a la cadena de valor a las comunidades del territorio no minero del país.
Los municipios también han comenzado a reconocer la importancia del fomento productivo participativo; por ejemplo, las autoridades están evaluando la participación de la comunidad organizada en la mantención de las áreas verdes en las zonas donde residen.
Pero aún falta mucho por hacer. En un modelo de fomento productivo inclusivo, se requiere que los organismos del estado sean los primeros en apoyar el desarrollo de las mipymes de la localidad donde funcionan. En este sentido, la CEPAL ha promovido las compras públicas como herramienta de política para el desarrollo industrial. Tradicionalmente, la contratación pública ha estado basaba en un conjunto de procedimientos cuyo objetivo es regular la selección de proveedores y, simultáneamente, estimular la transparencia y el buen uso de los recursos públicos a través de licitaciones abiertas con preponderancia en el factor precio. En esta lógica, la mayoría de los bienes y servicios contratados por el Estado son commodities – mínimo precio – lo que esconde externalidades positivas que se generan por no incorporar en la transacción el valor que puede agregar la comunidad.
No obstante, en los países desarrollados, las compras públicas se han transformado en una herramienta estratégica de política pública. Es decir, más allá de una mirada unidireccional de la eficiencia – precio, el diseño de las políticas de compras y contrataciones incorporan objetivos sociales, económicos y medioambientales.
En materia económica, las compras públicas del Estado de Chile tienen la capacidad de promover la participación de empresas locales que agregan valor a sus productos. En este modelo, doña Juanita tiene un rol importante que cumplir en la agregación de valor de la matriz productiva que se origina en su comunidad.
