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Dos años de Gobierno

El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ya suma dos años, lo que equivale a la mitad de su periodo, sin embargo es imposible hacer un balance de sus logros sin abstraerse de la crisis política y social más grande e importante que ha vivido Chile desde el retorno a la democracia, hace exactamente 30 años; otro hito que también se cumplió ayer y fue objeto de conmemoración en La Moneda.

En su discurso, el Mandatario se enfocó principalmente en los hechos de violencia, llamó a apoyar a Carabineros, interpeló al Legislativo para pedirle “apurar el ritmo del trabajo” y fue muy cuidadoso de no jugarse por ninguna de las posturas constituyentes.

En cuanto a anuncios, fue pobre. Solo adelantó que enviará tres proyectos de ley para evitar abusos como la colusión y los delitos económicos, una agenda comprometida en diciembre del año pasado, pero que aún no tenía ningún avance concreto.

Para los críticos y más severos analistas del desempeño presidencial, han sido dos años marcados por una conducción errática, con magras cifras en el combate de la delincuencia y mejoras de la economía, dos de sus principales promesas de campaña.

El estudio “Del dicho al hecho”, realizado por Ciudadanía Inteligente, analizó su cumplimiento legislativo, revelando que de las 256 promesas que el Mandatario realizó en su campaña presidencial, hasta la fecha ha cumplido 11 y tiene otras 96 con distinto grado de avance, buena parte con un nivel muy bajo.

Para el oficialismo se trata de todas formas de una cifra positiva, que muestra un avance significativo y coherente con la cantidad de tiempo transcurrido del periodo de Gobierno, similar respecto de administraciones anteriores. A nivel local, en tanto, la óptica es similar. La instalación de la nueva región es exhibida como el gran logro del Gobierno, lo mismo que las cifras de inversión pública, muy superiores a nuestro antiguo estatus provincial y que han abierto muchas expectativas y compromisos. De hecho, a poco de iniciar su administración el Presidente Piñera lanzó el Plan Ñuble, un ambicioso programa de obras de adelanto pensando a ocho años plazo.

Pero ese plan hoy es una sombra, pues lo ocurrido a partir del 18 de octubre no solo desterró el triunfalismo en la derecha, sino que cambió radicalmente la agenda del Ejecutivo, lo desacomodó por completo, le instaló un nuevo programa para responder a demandas sociales y lo empujó a un proceso constitucional que no aparecía en ningún plan de la coalición de derecha que ganó las elecciones en 2017.

Hoy, cargando con una desaprobación histórica y con una preocupante incapacidad para leer adecuadamente el contexto social, el Gobierno inicia su segunda mitad con la responsabilidad no solo de conducir el proceso político más trascendente y transformador de los últimos 30 años, sino también de hacer lo que supuestamente mejor sabe, como es fomentar la inversión, el emprendimiento y el crecimiento económico, porque después de todo, cualquier política redistributiva y promotora de una mayor equidad social que se quiera impulsar requiere de ese esquivo crecimiento.

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