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Director Nacional de la DGA: “No hay razón para limitar duración de los derechos”

07 de Junio de 2018 / VALPARAISO Un estanque de agua de una vivienda rural en Lliu Lliu, durante la Inauguran obras de mejoramiento de tranque Lo Zuñiga en Limache. FOTO :PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO

De visita en Chillán, el director nacional de la Dirección General de Aguas (DGA), Óscar Cristi Marfil, analizó los principales cambios propuestos por la administración Piñera al Código de Aguas, que envió al Congreso el 31 de enero una indicación sustitutiva al proyecto de reforma presentado por el Gobierno anterior.

– Parlamentarios de oposición ya anunciaron que no apoyarán la iniciativa.

-Todavía es prematuro para adelantar votos o hacer negociaciones, este proyecto no tiene urgencia, por lo tanto, esperamos que los parlamentarios puedan leerlo con calma. Y por otro lado, hay que entender que esta indicación sustitutiva, donde el nombre puede ser engañoso, pues pareciera que sustituye todo lo que se ha hecho para atrás, pero no es verdad, recoge muchas de las cosas que ya se habían discutido en el Senado y en las cuales se había avanzado, como por ejemplo: la prioridad para el consumo humano; la posibilidad de derechos con fines de conservación, nosotros recogimos eso y lo ampliamos; la importancia de aumentar las patentes por no uso, como una forma de perseguir la especulación; y así puedo darle muchos ejemplos.

-Y se agregan temas…

-También se agregan temas que tienen que ver con medidas para potenciar a las organizaciones de usuarios; otras que permitan a la DGA tener una mayor fuerza para controlar el uso de los derechos; un esfuerzo importante por incluir en el Código la gestión de aguas subterráneas, pues el Código, que es de 1981, está dedicado más bien a la agricultura y a las aguas superficiales, pero no habla prácticamente nada de las subterráneas, que ahora adquieren una importancia relevante en el país.

-Pero la controversia está en los temas que no se recogen.

-Los dos únicos puntos que no se recogen o que difieren respecto a la propuesta anterior tienen que ver con la duración de los derechos y con la caducidad de los que no se utilizan.

-Optaron por mantener la perpetuidad de los derechos, tal como está en el Código.

-El Código dice que los derechos se constituyen en forma definitiva, ésa es la palabra correcta, no se habla de perpetua. La excepción está en las áreas de restricción, que tienen que ver con las aguas subterráneas, donde se entregan derechos provisionales, los que se dejan sin efecto cuando se observa que están afectando la sustentabilidad. Lo que proponía el proyecto de la administración pasada es que los nuevos derechos que se entregaran fueran a 30 años con posibilidad de renovarlos. A nosotros nos parece que no hay un argumento técnico que fundamente ese cambio. Por ejemplo, no hace mucho sentido que a un APR que solicite un derecho, se lo demos por 30 años. Nos parece que dejar eso en manos de una decisión administrativa podría ser complicado, incluso podría prestarse para influencias políticas; en segundo lugar, podemos pensar en las inversiones agrícolas, ¿qué sentido tiene que a un agricultor que ha hecho inversiones, que está produciendo y generando empleos con un derecho, exponerlo a que lo pierda? No sé cuál podría ser el beneficio de poner estos plazos cuando estamos hablando del consumo humano, del empleo y la producción agrícola. Lo que sí nos interesa es que haya mayor fuerza por parte del Estado para regular el uso de esos derechos, entonces, se fortalece a la DGA para que pueda hacer uso de sus atribuciones.

Y por otro lado, está la idea de la caducidad de los derechos que no se utilizan, que planteaba la administración anterior, así como el incremento fuerte de las patentes por no uso. Ahí hay una pequeña contradicción, porque el incremento de la patente casi no afectaba a los derechos no utilizados porque caducaban antes que pudieran llegar a esos tramos más altos. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que los derechos que no se utilizan vuelvan en algún momento a la DGA para que los pueda distribuir a quienes realmente lo necesitan, la discusión puede ser cuál es la manera más eficiente de hacerlo. Una es por la vía de caducarlos administrativamente, que es la propuesta del Gobierno anterior, y otra es que caduquen por el efecto de que la patente se va haciendo tan onerosa que a la persona no le queda más que entregarlo. A nosotros nos parece que es más eficiente mantener la idea de que caducan por la vía de los pagos, pero eso también exige otros cambios, como lograr que aquellos que no pagan, la paguen, porque hoy tenemos una alta morosidad.

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