Yo discrepo

Por: Mario Arzola Acuña 2016-03-21
Mario Arzola Acuña

Constructor Civil

Pontificia Universidad Católica de Chile

Ingeniero Constructor, Universidad Tecnológica Metropolitana.

Un nuevo reglamento para los integrantes de la Cámara de Diputados intenta incorporar normas que, en la práctica, constituyen un esfuerzo institucional por empatizar con las demandas de la ciudadanía sobre el desempeño de la labor parlamentaria. 

En principio los jefes de las distintas bancadas comprometieron el apoyo de sus pares a la nueva normativa; sin embargo, una vez conocido un esbozo del contenido de la propuesta que contempla la eliminación de una serie de beneficios, han surgido reclamos de algunos parlamentarios por considerar que el texto es muy rígido y que impone restricciones extremas.

Las propuestas conocidas públicamente se enmarcan en el contexto del sentido común y en lo que razonablemente se espera debería ser la conducta y la práctica de quienes ejercen cargos de servicio público, de modo que cualquier eventual reticencia carecería de fundamentos; tampoco se advierte elementos que entorpezcan o limiten el buen ejercicio de la función parlamentaria, pues más bien están orientadas hacia la transparencia, la responsabilidad y la racionalización de los recursos públicos.

Pero la ciudadanía seguramente espera que el texto también incluya normas relativas a la regulación del uso de las semanas distritales; al término de la posibilidad que tienen los diputados de parearse entre sí; obligatoriedad de proceder a la votación de cada proyecto tan pronto como termine su discusión en la sala y no al término de la jornada favoreciendo la práctica de incorporase a las sesiones solo al momento de las votaciones; terminar con el receso de las actividades de la Cámara durante un cierto período antes de una elección parlamentaria, porque beneficia derechamente a quienes postulan a la reelección, ya que les permite tener dedicación exclusiva a su campaña electoral sin dejar de percibir la dieta parlamentaria; prohibición para los diputados en ejercicio de desempeñar simultáneamente cargos directivos en su propio partido, porque ello hace que se concentren más bien en esas funciones que en aquellas para las cuales fueron electos.

Las medidas que propone este nuevo estatuto favorecen un acercamiento y la recuperación de credibilidad de parte de la ciudadanía hacia una institución de vital importancia para la democracia, como es el Parlamento. Sin embargo, la suerte que correrán es todavía incierta, sobre todo recordando lo sucedido con el proyecto de ley que limita la reelección de los parlamentarios, iniciativa presentada con similares propósitos y que luego de recibir inicialmente un apoyo transversal fue diluyéndose a través del tiempo, a tal punto que hoy permanece en el olvido absoluto.

En contraposición a esa actitud de tan incierto resultado, la opinión pública aún recuerda la aprobación por el Parlamento en tiempo récord, de solo horas, de un proyecto de ley que aplazó las elecciones parlamentarias y presidenciales para dar tiempo a un partido que formaba parte de la coalición de gobierno a inscribir de manera correcta sus candidatos, que inicialmente había efectuado en forma errónea. Gobierno y oposición fundamentaron su decisión señalando que una elección parlamentaria sin participación de candidatos de ese partido, debido a un error administrativo, le hacía daño al país y a la democracia.

Bajo la lógica y el criterio de la vez anterior se esperaría similar celeridad en la aprobación de nuevas normas para la labor parlamentaria, porque el daño que provoca al país y a la democracia el estado actual de cosas es evidente. Es de esperar, en consecuencia, que la propuesta no sea solo un volador de luces.  

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