[Editorial] Equidad tarifaria

Por: Fotografía: Roberto Fernández 10:20 AM 2016-03-21

Actualmente existen doce proyectos energéticos en la Provincia de Ñuble, de los cuales siete ya se encuentran en ejecución y tres en evaluación ambiental, que permitirán aportar la no despreciable cifra de 1.600 MW de potencia de generación eléctrica al Sistema Interconectado Central, lo que equivale a más de tres veces la capacidad de la central Pangue, en el Alto Bío Bío. 
Desde esta perspectiva, puede mirarse a la provincia como un polo generador de energía para el resto del país, lo que tiene un impacto positivo desde el punto de vista de la matriz energética y del aseguramiento de este servicio hacia el futuro. Sin embargo, los impactos sobre las bellezas naturales, los efectos sobre el patrimonio físico y cultural que se producen en las localidades donde se emplazan estas industrias, no son debidamente compensados. 
Una manera de abordar esos costos son los impuestos que se recaudan en relación con las ganancias que las empresas eléctricas generan, sin embargo, en nuestro país aquellos se reparten de modo amplio y general a toda la población, a través del presupuesto general de la Nación. 
Otra forma de enfrentarlos es estableciendo ciertos beneficios monetarios a quienes se vean afectados directamente, en este caso los habitantes y las comunas que soportan el impacto ambiental y que es precisamente el sentido del proyecto de ley de Equidad Tarifaria que fue aprobado la semana pasada por la Sala del Senado y que permitirá, a modo de compensación, disminuir las cuentas eléctricas en las comunas que posean grandes centrales de generación.
El proyecto contempla dos medidas, la primera en relación a la equidad tarifaria residencial y la segunda en torno al reconocimiento de la generación local, considerando una retribución a la contribución realizada por comunas generadoras, estableciéndose un descuento en las cuentas de luz en comunas intensivas en generación eléctrica. 
De esta forma, la iniciativa viene a reconocer, por una parte, que tanto la instalación como la operación de centrales energéticas significan una alteración del paisaje natural de las comunas donde se emplazan y un cambio permanente en la calidad de vida de sus habitantes, y por otra, viene a corregir un modelo de mitigaciones que, como hoy está planteado, tiene un efecto muy puntual y acotado, pese a que los impactos de las actividades productivas son permanentes. 
Además de sus beneficios económicos, lo interesante de este proyecto viene dado por el hecho de la mayor conciencia que están tomando las autoridades en cuanto a la necesidad de descentralizar los tributos, en este caso de empresas generadoras de energía, pero que también podría extenderse a las forestales y a las cadenas del retail. 
Las dos primeras surgen como un derecho a compensación y reparación que tiene el desarrollo, sobre todo cuando los beneficios no van directamente a quienes sufren sus efectos negativos. En el caso del retail, un tributo descentralizado vendría a nivelar la cancha y terminar con las escandalosas diferencias hoy existentes en el pago de patentes municipales. En Chillán, por ejemplo, el supermercado Jumbo ubicado en la entrada norte paga cada seis meses $200 por concepto de patente, mientras que una empresa local como Grez y Ulloa cancela casi 3 millones y un vendedor ambulante del orden de 55 mil. 
La realidad descrita y las propuestas para superarla son hace tiempo conocidas. De hecho, la propia Constitución permite, a través de una simple ley, que determinados tributos que gravan actividades o bienes con clara identificación regional o local, puedan ser afectados para fines de desarrollo de la propia localidad. Pese a ello, en los últimos 20 años ninguna iniciativa de este tipo ha prosperado y la razón es que nunca ha existido voluntad política para promover tales cambios. 
¿Será ahora distinto? 
Difícil saberlo, pero ciertamente una ley de equidad tarifaria es una primera y favorable señal.

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