[Editorial] Intendentes elegidos

Por: Fotografía: Agencia Uno 2016-12-30

La Presidenta Michelle Bachelet promulgó ayer la ley que reemplaza al intendente por un gobernador regional elegido directamente, y al actual gobernador por un delegado presidencial en cada provincia. De esta forma, la Mandataria cumple uno de sus compromisos programáticos en materias de descentralización.

 Sin embargo, el principal problema es que esta nueva ley no considera en detalle las atribuciones y recursos con los que contarán estas nuevas figuras. Sabemos que las autoridades, que desde ahora se denominarán gobernadores regionales, serán electas por votación directa por la ciudadanía por un período de cuatro años y posibilidad de reelección para el período siguiente. Pero no sabemos cuáles serán las atribuciones de los futuros gobernadores regionales, solo existe un proyecto en tercer trámite que sufrirá muchas modificaciones hasta su aprobación y es muy probable que los avances que se han logrado en materia descentralizadora al elegir a los Core, pudiesen ver un conflictuado retroceso producto de la implementación de un nuevo diseño de los gobiernos regionales. 

Esta ambivalencia, para muchos considerada una nueva muestra de la improvisación en capacidad legislativa del Gobierno, ha marcado el debate de esta ley que, pese a las críticas, tiene una gran aceptación por parte de la ciudadanía. El 81% aprueba y el 9% desaprueba la elección de intendentes de acuerdo a la información obtenida a partir de la IV Encuesta Nacional “Auditoría de la Democracia” (2016) del PNUD.

Sin embargo, hay que tener presente que elegir a la autoridad regional no asegura per se un mayor grado de descentralización. No existe una relación directa entre elección democrática de autoridades y mayor grado de descentralización. La principal variable interviniente está en el hecho de las atribuciones y potestades que tienen dichas autoridades, así como los recursos de que disponen para poder llevar a cabo sus decisiones. 

Ciertamente, ideal sería contar con una institucionalidad regional madura y bien implementada y traspasar competencias, recursos humanos y financieros de forma simultánea. Pero en ocasiones lo ideal es enemigo de lo posible y si realmente existe voluntad por abordar un proceso de descentralización, debería aceptarse que esta política de Estado se inicia con la elección de una autoridad regional y continúa con el traspaso de competencias según las capacidades y problemáticas territoriales de cada región.

Lo que viene es incierto y en mucho dependerá de cuánto avance el Parlamento en los dos proyectos de ley que deben completar la elección democrática de intendentes, entendiendo que hay profundas diferencias entre los parlamentarios, incluso oficialistas, y razones políticas que van desde la falta de nombres para “repartirse” estas nuevas cuotas de poder, hasta el temor de que esta nueva figura electa por votos pueda ser un contrapeso a los actuales liderazgos en las regiones.  

 Pero ha llegado el momento de mojarse y cruzar el río. No habrá un cambio perfecto y cómodo, por definición nunca lo son, tendrán que ajustarse y adaptarse mecanismos e instituciones, pero elegir intendentes era lo único que podía desatar este proceso que debe conducirnos a la superación de las desigualdades territoriales, y que ya no tiene vuelta atrás.

 

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