Denuncias por tortura policial pasaron de un caso en 2015 a 25 en 2016

Por: Felipe Ahumada 10:55 PM 2016-12-17

El pasado 22 de noviembre el Gobierno promulgó la Ley 20.968, de Tortura y de Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, cuyo apócope es “ley de tortura”, que se pronuncia sobre todos los excesos cometidos por funcionarios de Carabineros o de las Fuerzas Armadas en contra de civiles, materia que hasta entonces era de exclusiva revisión de la Fiscalía Militar.

Hubo, sin embargo, un adelanto de alto impacto en esta materia el 24 de noviembre de 2015, el que llegó desde el Ministerio Público, a través de su oficio interno número 938, en el que se autodeterminaron competentes para revisar todas estos apremios cometidos por uniformados en contra de civiles (lo que no incluye ni a la PDI ni a Gendarmería, por ser consideradas entidades civiles).

El resultado, a un año de ponerse en práctica este oficio fiscal, es más que decidor.

Si en 2015 en Ñuble se registró apenas un solo caso tipificado como “torturas, crímenes de lesa humanidad y genocidio”, a fines de noviembre de 2016 las causas en la provincia sumaron 25.

“Y el resultado es poco, porque todos los años, en cada una de las 33 fiscalías militares que existen en el país, se recibe un promedio de 200 causas, de las que al menos un 80% era denuncias hechas por civiles en contra de uniformados, por ejemplo por apremios ilegítimos durante las detenciones o situaciones similares, que en la jerga de la judicatura militar se le conocía como violencia innecesaria”, explica Rodrigo Vera Lama, abogado penalista de Chillán,  quien desde el 2008 hasta el 2014 fuera fiscal militar titular de Malleco.

En base a su punto de vista, las denuncias deberían comenzar a aumentar de forma paulatina y constante, puesto que promulgada la ley de tortura, en noviembre pasado, esta nueva facultad de la Fiscalía “se hace visible a la opinión pública, no como cuando la Fiscalía aplicó su circular, que fue prácticamente un evento de conocimiento interno de las fiscalías. Cuando comiencen a llegar estas causas a los respectivos ministerios públicos del país, las personas se van a ir enterando de este nuevo derecho que les asiste y las denuncias se harán mucho más visibles”.

Otro factor que, a juicio del ex fiscal, permitirá un aumento de estas denuncias,  es meramente cultural.

Muchas de las fiscalías militares de Chile tenían asiento físico dentro de los mismos regimientos o edificios de oficinas militares, lo que para los afectados podía ser un factor de amedrentamiento.

Por el contrario, al ser el Ministerio Público una entidad totalmente civil, “las personas acuden a la Fiscalía con mucha más confianza y sin ningún miedo. Ahora, la Fiscalía Militar de Chillán está en el edificio de la Gobernación frente a la Plaza de Armas, pero insisto, esto es cosa de ir imitando lo que pasa en otras regiones del país”, finalizó Vera Lama.

De hecho los cambios ya son evidentes en las fiscalías militares, al punto que los propios abogados titulares admiten que “cada vez tienen menos denuncias que investigar” y que en el Gobierno ya da vuelta a la idea de fusionar varias fiscalías, como es el caso de la Región del Bío Bío, en donde existen dos para Concepción, una para Ñuble y otra para la Provincia del Bío Bío, con asiento en Los Ángeles.

A futuro, estas podrían ser solo una, establecida en la capital regional.

Desconfianza
Dentro de las denuncias más frecuentes hechas por civiles en contra de las Fuerzas Armadas y de Orden destacan “los apremios ilegítimos, la pérdida de especies y la cargada de especies para aumentar montos de lo sustraído o para legitimar robos”, explica el abogado experto en Derechos Humanos y en delitos cometidos por uniformados, Claudio Cofré Soto.

El abogado santiaguino, quien representó a la familia del estudiante Nelson Vildósola, muerto por un subteniente de Carabineros que lo confundió con un asaltante,  actualmente está defendiendo a los funcionarios de Carabineros del Retén El Castillo de Pudahuel, acusados de pertenecer a una banda de narcotraficantes.

Y aunque a lo largo de su carrera ha sumado causas en contra de varios carabineros, entre ellos el cesado ex prefecto de Ñuble Williams Núñez, a quien acusó de homicidio y secuestro (consiguiendo su baja), siempre fue un ácido crítico de la transparencia de la Fiscalía Militar, a la que incluso ha calificado de “siniestra”.

Pero ante la nueva ley de tortura, que en el fondo, transporta las denuncias que antes revisaba el tribunal militar a la justicia civil, asume una total desconfianza.

“Esto es una pésima señal, porque hay claros ejemplos de casos en que el Ministerio Público prefiere archivar las causas, prefiere no investigar, y si lo hacen, terminan en condenas como arrestos domiciliarios por el mismo tipo de hechos en que la Fiscalía Militar pide prisión efectiva. Ellos (la Fiscalía Militar) siempre investiga más y busca condenas porque sabe que deben mejorar su imagen pública, en cambio condenar a un carabinero o a un PDI, para el Ministerio Público, es perder a su propio equipo investigador”.

En esta misma línea Rodrigo Vera Lama advierte que “si la idea era transparentar las causas, creo que es un error, porque hay antecedentes como el caso del atentado al fiscal de Tirúa en 2008, en que el Ministerio Público pide penas de 14 años para los mapuches, mientras que la Fiscalía Militar, conforme a sus investigaciones, determinan que los civiles debían ser absueltos, lo que demuestra que la Fiscalía Militar no era una entidad que buscaba proteger o favorecer a los uniformados”.

Dentro de los 25 casos de Ñuble, se ha informado extraoficialmente que se incluye a la golpiza que recibieron tres reos en manos de gendarmes, y otros apremios sufridos por detenidos en la PDI y Carabineros.

“Las policía, en especial las brigadas de drogas o el OS7 y el OS9 en Carabineros, aún golpean a los detenidos para obtener información. Podrán negarlo siempre, pero a mí me consta que es así”, zanjó Claudio Cofré. 

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