Cierre de parquímetros en Recoleta reabre el debate en Chillán

Por: Jorge Chávez Fotografía: Fernando Villa 10:25 PM 2016-12-14

Concejal Víctor Sepúlveda adelantó que está recabando antecedentes de cómo el municipio capitalino logró dar por concluido la concesión privada

Alcalde Sergio Zarzar descartó la posibilidad, aunque anunció que se buscará concretar la rebaja de las tarifas tal y como se había planteado hace algunos meses

Primero fue la farmacia popular, luego la óptica y ahora la eliminación de los parquímetros de los principales barrios de Recoleta, dejando las calles liberadas de pago para los ciudadanos.

El pasado martes el alcalde de la comuna capitalina Daniel Jadue, con el apoyo del Concejo Municipal, decidieron ponerle fin al contrato de concesión de aparcaderos públicos que administraba la empresa Concesiones Recoleta S.A. desde hace ocho años.

La decisión del gobierno comunal  se gestó luego de que la justicia le diera la razón al municipio respecto a las acciones judiciales que emprendió en contra de la firma de intereses privados, a la que acusó de incumplir sus obligaciones (leer nota complementaria).

El alcalde comunista calificó el hecho como la gran oportunidad que tiene su ciudad de recuperar las calles para sus habitantes, acción que fue aplaudida a nivel nacional a través de las redes sociales. La medida también fue destacada por autoridades comunales chillanejas,  que creen que podría ser replicable a nivel local.

No obstante el alcalde de Chillán, Sergio Zarzar, si bien sostuvo que las acciones tomadas por su par de Recoleta benefician a sus habitantes, puntualizó que se dio en un contexto singular, diferente a lo que se vive en la comuna.

“No sé cómo se dio el tema de Recoleta, pero acá tenemos una situación contractual legal por una concesión que es por 30 años y que se debe cumplir”, indicó brevemente la autoridad. 

El jefe comunal admitió que las tarifas que se cobran en la ciudad por hacer uso de los parquímetros es muy alta, por lo que precisó que nuevamente se retomarán las conversaciones con los representantes de la Sociedad Ingeniería en Electrónica Computación y Medicina S.A. (ECM), empresa concesionaria de los parquímetros, para coordinar el cambio de cobro o reajustar a la baja el pago que los conductores hacen. 

“Terminar con este abuso”
El concejal del Partido Comunista (PC) Víctor Sepúlveda, adelantó que está recabando los antecedentes que en su momento utilizó como herramienta legal el municipio de Recoleta, esto con el objetivo de buscar las alternativas que tendría el gobierno comunal chillanejo de dejar sin efecto los estacionamientos pagados dentro de las cuatro avenidas.

“No sería mala idea aplicar esta medida en Chillán, que es una ciudad en donde más se paga por estacionarse. Desde que supe de esta decisión me puse en contacto con la Municipalidad de Recoleta para que se me haga llegar algunos antecedentes sobre cómo se aplicó juridicamente esta medida y tal vez colgarnos de esta situación”, explicó la autoridad municipal.

A juicio del edil del Partido Radical Social Demócrata (PRSD), Juan López Cruz, la lección que deja la comuna capitalina es que existe la posibilidad de que si se evalúa el documento contractual celebrado entre la Municipalidad de Chillán y ECM, puede que se pueda conseguir una salida al tema.

“Todo es posible cuando se quiere hacer algo, por eso pienso que hay que hacer una evaluación del contrato para tratar de encontrar un resquicio legal que nos permita terminar con este abuso. Creo que el concejo estaría llano a apoyar esta medida, porque sinceramente ya estamos aburridos de este tema”, sentenció.

Por su parte la concejala del Partido Socialista (PS), Brígida Hormazábal, recalcó que si bien sería una gran alivio para los habitantes de Chillán eliminar los estacionamientos concesionados, advirtió sobre la necesidad de ser cautos a la hora de exigir esta posibilidad.

“Hay que revisar bien el contrato para saber si es que se puede usar algo de él a favor del municipio. Adoptar este tipo de decisiones podría también resultar que tengamos que pagar indemnizaciones millonarias; hay que evaluar todos los factores y los pro y contras”, concluyó.

Riesgo de demanda
“Los contratos hay que cumplirlos, porque corremos el riesgo de ser demandados, pero eso no significa que no podamos hacerle algunas modificaciones, porque somos una de las comunas con el parquímetro más alto del país”, comentó el concejal del PPD Camilo Benavente.

Nadia Kaik, concejala de Renovación Nacional (RN), mencionó la obligación que existe en respetar los lineamientos del acuerdo contractual entre el municipio y ECM. La edil subrayó que debería retomarse las conversaciones entre la casa consistorial y la concesionaria con el objetivo de reajustar a la baja los precios por estacionarse en las calles de la ciudad, que es uno de los frecuentes reclamos que se escuchan.

Entanto Jorge Vaccaro, concejal de Renovación Nacional (RN), aclaró que a diferencia de Recoleta en Chillán la empresa de parquímetros ha cumplido con el contrato, de modo que, recalcó, no habrían elementos que puedan usarse como argumento para plantear la erradicación de los estacionamientos.

Investigación
Uno de los más férreos opositores a cómo se ha desarrollado la concesión de los parquímetros en Chillán fue el ex concejal Jorge Marcenaro.

El año pasado el ex edil advirtió que ECM, que controla 994 estacionamientos por los que paga al municipio un promedio de $300 millones al año, habría cometido irregularidades en el contrato de concesión celebrado con el Municipio de Chillán hace casi 15 años.

Tras recabar antecedentes en donde argumentaba la falta grave que ECM estaba cometiendo, Marcenaro envió la documentación a la Contraloría Regional del Bío Bío para que se pronunciara al respecto, situación que fue desestimada por el ente regulador.

Los documentos que presentó el entonces edil ante el órgano de control, buscaban que la entidad analizara el contrato que dio origen a la construcción del edificio de estacionamientos bajo tierra y el Paseo Arauco II.

En su presentación Marcenaro manifestó que la empresa habría extendido unilateralmente el plazo de gracia estipulado en el contrato, pasando desde cuatro a seis años.
Este período, en el cual cesaron los pagos de la concesionaria al municipio, fue establecido en el contrato con el fin de que la empresa pudiera hacer frente a las altas inversiones que derivaron de la obra para construir estacionamientos bajo tierra, que tuvo un costo superior a los $2.500 millones.

La diferencia en los años de gracia estaba sujeta al desarrollo de faenas por parte de la firma, para impermeabilizar el edificio frente a napas subterráneas que se encontraron durante la construcción.

Esto permitió a ECM aplazar los pagos al municipio hasta el año 2011, evitando así empezar a hacerlos el año 2009.

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