Fiscalía logra octava condena en contra de dueños de casinos populares

Por: Felipe Ahumada Fotografía: Mauricio Ulloa 10:50 AM 2016-12-13

Una condena de 300 días de reclusión, conmutada al arresto domiciliario nocturno y el consecuente deber de utilizar una tobillera telemática, fue la que el Juzgado de Garantía de Chillán dictó en contra del locatario Arturo Portiño, terminando de esta manera el año 2016 con ocho fallos condenatorios en contra de dueños de casinos populares, por el delito de rotura de sello.


El fiscal Mauricio Mieres, quien fue el titular en todas las causas relativas a los delitos de rotura de sello en casinos populares, dijo a LA DISCUSIÓN que “es una de las condenas más altas que hemos conseguido, lo que nos deja conformes, pero lo importante es que se logró condenar a este señor, quien es el dueño del local, pese a que no necesariamente fue él quien sacó el sello de clausura del local para poder seguir funcionando. Sin embargo la prueba presentada por esta Fiscalía fue contundente en demostrar que él fue quien dio la orden de hacerlo”.


Dentro del mismo juicio se absolvió al empleado Carlos González, ya que en un litigio anterior el otro empleado del local admitió la responsabilidad de haber retirado el sello.


Respecto a más litigios por esta causa en lo que queda del 2016, solo esperan los dos  recursos de nulidad presentados por la defensa de otros dos sentenciados, en la Corte de Apelaciones de Chillán, los que deberán ser resueltos en el transcurso de esta semana, teniendo como antecedente, el que el Tribunal de Alzada  siempre ha fallado con el mismo criterio observado en primera instancia.


Posible vigilancia
Si se tiene en cuenta que esta serie de procesos judiciales tuvieron como raíz una denuncia presentada en el Ministerio Público por el alcalde Sergio Zarzar en agosto de 2014, en contra de quienes adoptaron una actitud rebelde tras ser clausurados por poner a disposición del públicos las prohibidas máquinas de azar, se entiende la lógica de la solicitud hecha por el fiscal Mieres, quien adelantándose a nuevos delitos de rotura de sello que se puedan registrar, dijo que “sabemos que hay quienes piensan que se puede romper el sello y utilizar estrategias posteriores como inscribir el local a nombre de otra persona”.


Por tanto, advirtió que  “si se cae en estas actitudes el municipio y Carabineros tendrán que hacer una vigilancia del local una vez cerrado y detener en flagrancia a la persona que rompa el sello. Así, no creemos que haya algún empleado dispuesto a irse detenido y ser formalizado por obedecer a su jefe”.

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