Ciudad incontrolable

Por: La Discusión 09:45 AM 2016-12-06

Cuando una ley o una norma reglamentaria no es controlada en su cumplimiento, su violación se vuelve sistemática, arrastrando con ello el ascendiente de la autoridad responsable de garantizar su observancia. 


Este efecto, o parte de él, es lo que estaría ocurriendo en nuestra ciudad con la presencia del comercio ambulante, los vehículos estacionados arriba de la vereda o en los costados izquierdos de la calzada, la enorme cantidad de buses piratas prestando servicios, la detección de pases escolares adulterados y decenas de locales nocturnos que no cuentan con las licencias para la difusión de música. En todos estos casos se constata una relación inversa entre el aumento de la inconducta civil y la capacidad de la autoridad para fiscalizarla, dado el escaso contingente que poseen los diferentes servicios públicos llamados a hacer ese trabajo, en especial el municipio de Chillán que  tiene un cuerpo bastante limitado de funcionarios, apenas 17 inspectores, no obstante la estimación -de acuerdo al incremento de funciones que han tenido en los últimos años- sitúa en al menos 40 el total de fiscalizadores que debiera tener. 


La preocupación, expresada por especialistas de distintas ramas, también debería alcanzar al alcalde Sergio Zarzar, quien ha reconocido la falta de funcionarios para la labor fiscalizadora y confirma que hay un estudio interno para ver la disponibilidad presupuestaria de aumentar la dotación. 


Para el jefe comunal no se trata solamente de lograr que mediante una mayor y más eficiente labor de control se terminen ciertas conductas ciudadanas que afectan el bien común, sino también de enfrentar un flanco débil que podría tener serias consecuencias políticas, pues la no aplicación de las ordenanzas municipales puede llevar a que el Concejo pida sanciones en su contra e incluso su destitución por notable abandono de deberes. 


Esta figura, que supone la responsabilidad administrativa de los jefes comunales, está consagrada por ley y junto con reconocer la jerarquía de la institucionalidad municipal, se inspira en la necesidad de que los gobiernos locales garanticen el cumplimiento de lo que norman. 


Lamentablemente, es una práctica extendida en todas las comunas del país llenarse de ordenanzas que dan la impresión de tener iniciativa y empatía con los problemas ciudadanos, pero que luego las mismas autoridades -que hallan en la incapacidad de fiscalizar la excusa perfecta- desalientan en su aplicación por la impopularidad que muchas veces acarrean y el costo en votos que deben pagar. 


Las normas están para ser cumplidas y el ejercicio de la autoridad debe garantizarlo. Cuando ello no ocurre, provoca tres tipos de actitudes y sentimientos en la ciudadanía. Por un lado, se alienta la contravención y se produce un efecto imitativo de la indisciplina; segundo, la percepción de inutilidad de la norma, deducida de la ausencia de ese factor clave para su obligatoriedad, como es la fiscalización y sanción y tercero, se genera un descrédito más general, que alcanza a todas las regulaciones y exigencias que emanan de esa autoridad. 


En síntesis, la falta de actuación de la autoridad puede terminar conduciendo a la ley de la selva y a consolidar situaciones que más tarde son imposibles de corregir. Ejemplos, como hemos visto en las últimas semanas, sobran en Chillán.

 

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