Municipios de Ñuble bajo la lupa por eventuales fallas

Por: Edgar Brizuela Fotografía: Fernando Villa 11:30 AM 2016-12-04

Las municipalidades son las instituciones que en la Provincia de Ñuble concentraron la mayor cantidad de informes, auditorías e investigaciones especiales durante este año, afectando en especial a alcaldes que dejan sus cargos y cuyas responsabilidades en las eventuales irregularidades serán perseguidas por sus sucesores.

Cobquecura
El caso paradigmático es lo que sucede en Cobquecura, donde la entidad fiscalizadora sumó cuatro estudios importantes de las que emergieron alrededor de 18 cuestionamientos a actos realizados al interior de la municipalidad y servicios traspasados como salud y educación.

Los casos que van desde mal uso de vehículos a deudas previsionales derivó en que fuera la propia entidad de control la que sugiriera la presentación por parte de los ediles de una acusación por notable abandono de deberes, lo que realizará la nueva autoridad comunal Manuel Fuentes Alarcón, según confirmó éste a LA DISCUSIÓN.

Bulnes
Otra comuna donde el alcalde que ingresa el 6 de diciembre perseguirá las acciones de su predecesor es el de Bulnes, Jorge Hidalgo Oñate, quien según señalan cercanos, está analizando los seis informes emanados de Contraloría, donde existen investigaciones calificadas como complejas o muy complejas y que afectarían a la autoridad en ejercicio, Ernesto Sánchez.

Un informe plantea dudas acerca de la construcción de rampas para skate y juegos infantiles en la plaza de armas de Bulnes, antes del inicio del plazo y firma del contrato, donde incluso se investiga la posibilidad de que existan funcionarios involucrados en el ingreso de documentación de respaldo presuntamente falsa por la empresa adjudicada.

Además, aparecen en los expedientes eventuales pagos de usuarios a un funcionario del cementerio por $12.731.901, los que no fueron enterados en la Tesorería municipal. Se suma un déficit en el DAEM por $528.963.637, que fue cubierto con dineros del Programa de Integración Escolar, PIE.

Coelemu
Otro municipio cuestionado es Coelemu, donde Contraloría verificó que la directora de Administración y Finanzas del municipio, utilizó tiempo de la jornada laboral, mobiliario y equipos computacionales para ejecutar diversas actividades profesionales particulares, además de no contar con una patente profesional pagada que la habilite al respecto. 

Asimismo, la Municipalidad de Coelemu, según la unidad de control regional, “cursó ciento dieciséis permisos de circulación, sin acreditar la totalidad de los requisitos legales para su emisión”.

San Carlos
En el caso de San Carlos, la entidad regional cuestionó durante el año que la municipalidad adquirió propiedades sin contar con los antecedentes “que permitieran tomar una decisión informada respecto de dichas adquisiciones, por cuanto no existían tasaciones comerciales, estudios técnicos, de factibilidad y económicos”.

Además, se reprocha que el municipio “utilizó maquinaria y recursos municipales en la construcción de una cancha de fútbol y una servidumbre de paso, ambos de propiedad particular, beneficiando, con esta última acción, al jefe comunal, quien es dueño de predios colindantes con dicha arteria”. Por ello, Contraloría “iniciará una investigación sumaria, con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas en los hechos expuestos”.

Portezuelo y Chillán
Los casos de mayor relevancia están radicados en esas comunas, mientras que en otras hay temas administrativos menores que deben ser resueltos, como en Portezuelo, donde se criticaba el no cumplimiento de contratos por parte de dos odontólogos. En este caso, el alcalde René Schuffeneger planteó que el tema se encuentra superado, pues con el apoyo del Servicio de Salud Ñuble realizaron una nueva licitación para contratar servicios de profesionales del área.

En Chillán, fueron entregadas a la fecha cinco auditorías que han derivado en que la municipalidad realice cambios en la manera en que gestiona temas internos, como contratos a honorarios o licitaciones para eventos artísticos. Además, Contraloría limitó el actuar de la jefa de Protocolo, María Teresa Troncoso, quien intervenía en contrataciones del DAEM.

El experto en temas municipales, Luis Díaz Acuña, sostuvo que “los alcaldes que asuman tienen el imperativo de pedir la inhabilidad de los alcaldes cuestionados por Contraloría”. 

Además, adelantó que, a la luz de los desórdenes administrativos expuestos, en cada comuna se requerirá la realización de auditorías que aclaren las deudas existentes y el estado financiero general. 

Hospital
Otra entidad fiscalizada fue el Hospital Herminda Martín, donde se detectó que “11 facultativos realizaron prestaciones de servicio dentro del horario institucional, en circunstancias que conforme a lo informado por la oficina de Registro y Control de personal del Hospital Clínico Herminda Martín, poseen la calidad de servidores del centro asistencial”.

Desde el hospital se indicó que “por indicación del órgano contralor, se instruyó un sumario administrativo para determinar si existe responsabilidad en la ocurrencia de los hechos observados. Del mismo procedimiento, se podrán extraer las conclusiones que permitan rediseñar los procedimientos administrativos. De forma paralela, la dirección del Hospital instruyó el reintegro de los montos señalados a cada uno de los 11 profesionales involucrados”. Uno de ellos llegó a tener ingresos extra que debe reponer por más de $11 millones.

Además, en el recinto se constató un bajo porcentaje de cumplimiento del registro de asistencia durante el año 2015 por parte de los profesionales, lo que no quiere decir que no cumplan con sus horarios.

Desde Salud se indica que “la observación del órgano contralor dice relación con el cumplimiento del registro de asistencia de médicos. Si bien estos profesionales cumplen con su jornada de trabajo, la indicación es mejorar el sistema de control de asistencia. Atendida esta observación, se evalúa un plan de mejora integral a implementar durante 2017”.

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