Colegio debe pagar 8 millones por bullying que terminó en suicidio

Por: Felipe Ahumada Fotografía: La Discusión 09:05 PM 2016-11-29

Fue un miércoles, el séptimo día del mes de septiembre de 2011, que la Brigada de Homicidios de la PDI de Chillán llegó hasta una casa en Chillán Viejo en donde se había denunciado el suicidio de un menor de 16 años.

Horas después el entonces jefe de la BH, subprefecto José Luis Becerra, anunció que había evidencias que apuntaban a una determinación extrema, tomada por un adolescente que había padecido de constantes apremios sicológicos y físicos por parte de los compañeros de su colegio, el Centro de Estudios Corporación La Araucana, y aseguró: “Haremos todo lo posible por realizar una investigación que deje en claro todo el ámbito del que era víctima este menor”.

Cinco años después, y tras varios litigios en los tribunales de primera instancia y en los de alzada con jurisdicción en la provincia, la Corte Suprema cerró el derrotero judicial con un fallo en el que condenó  al colegio La Araucana de Chillán, como responsable solidario de los malos tratos sufridos por el alumno, a pagar la suma de 8 millones de pesos a su padre, Patricio Cárcamo Fuentes, por concepto de indemnización, tras rechazar en fallo unánime el recurso de casación presentado por los abogados del establecimiento educacional.

Textualmente, el fallo dice: “Se ha dejado asentada la existencia de un contrato de prestación de servicios educacionales celebrado entre las partes, en que la demandada asumió no solo el deber de prestar un servicio educacional al hijo de la recurrida, sino también una obligación de seguridad consistente en proteger la integridad física y psicológica del educando”, y que “también establecen que el beneficiario de esa convención sufrió reiterados episodios de burlas, amenazas y golpes al interior del Centro de Estudios La Araucana, suicidándose en su hogar el 7 de septiembre de 2011”.

No había denuncias del caso
Este último punto del fallo del  principal tribunal del país es de gran relevancia, primero porque es el sustento del argumento judicial de la parte querellante, basada en la obligación que confiere la ley a proteger a los alumnos de cualquier clase de acoso, y en segundo lugar, porque si se vuelve a las investigaciones realizadas por la PDI, se da cuenta que, al menos hasta antes del fallecimiento del alumno chillanvejano, “no había denuncias” respecto a estos apremios, situación que también confirmó el entonces director del Deproe, Julio Moraga.

Hoy el actual titular del Departamento Provincial de Educación, Hernán Álvarez, tras aclarar que tal unidad gubernamental no tiene facultades interventoras en materias disciplinarias en un establecimiento educacional, explica que “nosotros sí tenemos abierto permanentemente un libro para recoger estas denuncias, las que hacemos llegar inmediatamente a la Superintendencia de Educación, que solo tiene asiento regional, porque ellos pueden ordenar investigaciones, sumarios y, si cabe el caso, sancionar a un colegio por no brindarle seguridad a uno de sus alumnos”.

Finalmente, Álvarez confirmó que “hoy en día ese tipo de denuncias están llegando constantemente”.

Respecto al establecimiento, el fallo agrega una responsabilidad adicional: “ni aún después de haberse producido el deceso de su estudiante el establecimiento educacional impetró las medidas disciplinarias diseñadas en su Reglamento Interno de Convivencia, pese a haberse comprometido ante la Dirección Provincial de Educación de Ñuble a investigar los hechos”.

Desde el centro de estudios, optaron por no entregar declaraciones por el momento, argumentando que la directora estaba ausente por licencia.

El bullying se transformó oficialmente en delito el 17 de septiembre de 2011, 10 días después de la muerte de Patricio Cárcamo.

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