Capacitación para concejales

Por: Mario Arzola Acuña 2016-11-18
Mario Arzola Acuña

Constructor Civil

Pontificia Universidad Católica de Chile

Ingeniero Constructor, Universidad Tecnológica Metropolitana.

Surge cada cierto tiempo opiniones encontradas acerca de la posibilidad que las municipalidades paguen capacitación a concejales, materia considerada de suma relevancia e interés para  los municipios, en el entendido que la participación de ellos en actividades de esa índole  estaría orientada directamente al mejoramiento de la gestión municipal.

En relación a la materia debe tenerse presente que por expresa disposición del artículo 89° de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, a los concejales no le son aplicables las normas que rigen a  los funcionarios municipales, salvo en materia de responsabilidad civil y penal; ellos no tienen la calidad de funcionarios y por tanto no se les aplican las normas estatutarias, que incluyen las relativas a la capacitación y su correlativo financiamiento. No les resultan aplicables las normas del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, entre las que se hallan las relativas a la capacitación,  y por tal razón los municipios deben abstenerse de otorgar financiamiento respecto de dichos gastos.

No obstante y sin perjuicio de lo señalado, debe tenerse en cuenta lo establecido en el inciso final del artículo 88° de la citada ley Orgánica: “cuando un concejal se encuentre en el desempeño de cometidos en representación de la municipalidad, tendrá derecho a percibir fondos con el objeto de cubrir sus gastos de alimentación y alojamiento”.

La realización de cometidos significa para los concejales el cumplimiento de labores propias del cargo que desempeñan; ello en el entendido que en esos casos actúan en representación del municipio o del concejo, y conforme lo señalado precedentemente, en estos casos será procedente y obligatorio para el municipio solventar los gastos por concepto de alimentación y alojamiento.

En ese sentido cabe precisar también  que de acuerdo con el criterio sustentado por la Contraloría General de la República contenido en diversos dictámenes, entre otros N°s 43.947/2007 y 57.945/2010, el municipio debe asumir todos los gastos derivados directamente del cumplimiento de un cometido, ya que si no fuera así, habría un enriquecimiento sin causa para la entidad edilicia, ya que esos desembolsos son la consecuencia del cumplimiento de una función pública y no de un acto personal y voluntario; en concordancia, debe incluir también aquellos gastos por concepto de traslado e inscripción  en las actividades autorizadas en el cometido, cuando corresponda, aplica dictámenes N°s 46.945 y 62.400, ambos de 2010.

En conclusión, conforme con lo anterior y lo señalado por la Contraloría General de la República, la asistencia a dichos cometidos  debe ser solventada por las municipalidades sólo en la medida que en ellos se traten temas que digan estricta relación con la actividad y funciones de sus asistentes, vinculados con el ámbito de competencia de los municipios y siempre que éstos hayan sido debidamente autorizados. 

Con todo, dichas actividades deben diferenciarse de aquellas realizadas bajo otras circunstancias, como cursar estudios destinados a obtener un grado académico o  las realizadas por iniciativa propia o interés personal, en cuyo caso no corresponderá que el municipio asuma los gastos por tales conceptos.

En consecuencia, las instancias de control interno conjuntamente con quienes están llamados a otorgar la autorización respectiva, tienen la responsabilidad de verificar que se cumplan efectivamente  las condiciones requeridas para que los municipios se hagan cargo de solventar esos gastos, a fin cautelar en cada caso el fiel cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en la especie. 

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