Logran sexto fallo condenatorio contra dueños de casinos populares

Por: Felipe Ahumada Fotografía: Mauricio Ulloa Ganz 09:10 PM 2016-11-10

Lo anterior porque fueron los únicos dos imputados que desestimaron las salidas alternativas propuestas por el fiscal Mauricio Mieres, para zanjar el juicio con un final condenatorio pero con penas de baja entidad, decidiendo, por el contrario afrontar la controversia judicial con pruebas propias mediante dos abogados particulares.


El debate por tanto, se centró en la condición de legalidad o ilegalidad con que el municipio obró al clausurar su local, ubicado en el paseo Arauco, a la altura del 653, lo que según la defensa era improcedente, puesto que “las únicas causales de un municipio para proceder a la clausura es el no contar con patente y el encontrarse en mora, lo que en el caso de mis representados no se cumplía ninguna de las dos condiciones”, planteó el abogado David Garrido.


Pero lo que planteaba el fiscal Mauricio Mieres tenía como fundamento un hecho concreto e indesmentible: hubo una clausura y los imputados la violaron.


Tras 48 horas de deliberación, el magistrado Luis Aedo determinó que ambos imputados eran culpables del delito de rotura de sellos, puesto a que “independiente de que ellos consideraran que su local había sido clausurado sin causa justificada, nadie puede hacer justicia por su propia mano”, precisó el juez en el veredicto. La lectura de sentencia será el martes 15.


De esta manera el Ministerio Público ha logrado seis condenas, cuatro suspensiones condicionales y aún resta un último juicio con dos imputados, programados para el mes de diciembre de 2016, con lo que se terminaría este primer ciclo.


Precedente a favor del municipio
Finalizada la audiencia, el fiscal Mauricio Mieres no escondió la satisfacción por los resultados obtenidos y porque “el tribunal dejó asentado con claridad que en definitiva no puede imponerse la autotutela, no puede imponerse la justicia por propia mano. Si hay una resolución administrativa como en este caso en que el municipio dispone la clausura, y el afectado estima que es injusto o arbitrario, lo que debe hacer es acudir a las instancias que el estado de Derecho establece, que en este caso son los tribunales de justicia o la contraloría, pero no puede romper el sello y volver a funcionar, eso no es tolerable y es un delito”.


Con este resultado, el panorama para aquellos locales que mantegan máquinas de azar es lapidario, ya que con esta serie de condenas, que ya son una clara jurisprudencia, el municipio cuenta con un respaldo más que sólido para proceder a la clausura y quien decida, por rebeldía o consejo de su equipo de abogados, romper los sellos y volver a funcionar, como ocurrió decenas de veces en 2015, se someterá a un proceso judicial que, ya comienza a quedar zanjado, no será favorable a ellos.

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