Advierten una escasa fiscalización sobre explotación sexual en Ñuble

Por: Felipe Ahumada Fotografía: : Mauricio Ulloa Ganz 10:35 PM 2016-11-09

Por increíble que parezca, la ley de garantías de la niñez y que crearía la Subsecretaría de la Niñez en Chile, considera 14 derechos inalienables para los menores de edad que van más allá de la salud, educación o alimentación, por lo que “se ha dicho que es una ley que no cuenta con financiamiento, por lo que no se puede promulgar”, explicó Jessica Pedreros, miembro de la Mesa Regional contra la Explotación Sexual de Menores, quienes hicieron una presentación del panorama global de la Región en esta materia.


Exposición, que por lo demás dejó una poco alentadora imagen de las redes de protección con las que cuentan los niños de Ñuble frente a este flagelo: “hay muy poca información, no contamos con un catastro y los programas con que cuenta la Región, prácticamente no han llegado a esta provincia”, apuntó.
Es por esta razón que para dar un perfil somero de la problemática en nuestra zona, se presentaron estadísticas del Ministerio Público de Los Ángeles, en la que se desarrolló un estudio completo en 2014.


Por otra parte, el que Ñuble presente una gran población rural, hace que el problema de la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes (Esna) “sea prácticamente invisible y además, muy naturalizado”, agregó la profesional.


Dificultades para detectarlos
La Mesa Regional contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes compuesta por el Sename, la Seremi de Educación, el programa AURA, el Ministerio Público y la Universidad Católica de la Santísima Concepción, expuso en la Gobernación datos que demostraban que en el caso de los abusos sexuales que afectan a menores, un 53,9% es provocado por algún familiar directo; un 18,4% por algún integrante de su comunidad escolar o religiosa; un 13,3% por algún cercano a la familia, y en el menor de los casos, por personas desconocidas.


Otro factor que complica la reparación de estos menores, es que “es muy difícil que un niño denuncie que es objeto de abusos o de explotación sexual, generalmente porque ellos no saben que están siendo víctimas de un delito o para no sentirse discriminados u objetos de bullying”, apuntó la abogada asesora del fiscal regional, Alicia Salgado, experta en delitos sexuales, quien a modo de referencia explicó que en Los Ángeles, en 2014 hubo 152 denuncias por abusos sexuales a menores.


Formas de explotación
La ley ha definido varias formas de explotación sexual, entre las que destacan el contacto físico de connotación sexual con alguna transacción de por medio, ya sea económica, de regalos, favores, protección o incluso sentimental.


También destaca la pornografía infantil, la explotación sexual en el ámbito del turismo, relativo a la facilitación de menores a turistas que las requieren; y la trata de menores con fines sexuales, punto en los que incluso se ha sabido casos en la zona de una mujer que trasladaba a una adolescente a ejercer periódicamente el comercio sexual a Calama.


“En gran medida, esto tiene como respaldo algunos aspectos culturales, de una tradición machista, que naturaliza este fenómeno, con frases como si a la niña igual le gusta el leseo, o es ella la que provoca, fue ella quien se metió en la relación, desde pequeña fue así y le gusta, o frases como si a ella le gusta la plata fácil. Este tipo de reflexiones hace que el tema se insensibilice el drama que sufren los menores y nuestra tarea es de a poco erradicar la explotación, pero sabemos que es una tarea titánica ya que se lucha contra una sociedad consumista en donde el sexo es un producto comercial más y en contra de los estereotipos planteado por los medios de comunicación”, explicó la experta. 


Hoy, los establecimientos educacionales y los de salud están por ley obligados a denunciar cualquier conducta anómala, como lesiones en genitales, el advertir relaciones sentimentales entre adultos y menores. Cristián Lara, abogado del Sename Regional, advirtió que el no cumplimiento de esta obligación legal, “puede significar sanciones que llegan hasta la caducidad del contrato para los establecimientos OCA (organismo colaborador acreditado).


Y como siempre, el llamado a la comunidad es denunciar los hechos irregulares a las policías.

Comentarios