Juez pide 48 horas para fallar en nuevo caso de “casinos populares"

Por: Felipe Ahumada Fotografía: Mauricio Ulloa Ganz 10:35 PM 2016-11-08

En suspenso se mantendrá el fallo por los dos últimos imputados que el Ministerio Público y la Municipalidad de Chillán, como ente querellante, persiguen por el delito de rotura de sellos, en el contexto de la clausura de cuatro de los llamados “casinos populares”, en abril de 2015.


Lo anterior porque una vez que la defensa de Carlos González (dueño) y de Eduardo Sepúlveda (administrador) y el fiscal Mauricio Mieres realizaron sus alegatos de clausura, el juez del Tribunal de Garantía de Chillán, magistrado Luis Aedo, decidió tomarse como plazo hasta mañana para entregar una sentencia.


Lo anterior se diferencia totalmente de lo acontecido en los otros tres casos anteriores, en que los dueños y encargados, a quienes se les formularon cargos, se declararon culpables voluntariamente para evitar un juicio y arriesgar condenas mayores que las dictaminadas en el estrado la semana pasada, que consideraron multas más un caso de arresto domiciliario nocturno.


Si por un lado la Fiscalía celebraba junto al abogado querellante, Pedro San Martín, jefe de Jurídica del municipio, el que hasta el momento solo se habían dictado condenas respecto al resto de formalizados que han dejado las variadas causas relacionadas a los salones de juegos, ahora, para el abogado Héctor Mella, quien representa a varios de los locatarios en el país, “esto demuestra que la Fiscalía no la tenía tan simple. El abogado David Garrido (defensor) presentó evidencia muy contundente respecto a que la clausura estaba totalmente viciada, por lo que consideramos que acá no cabe otro veredicto que la absolución”.


Respecto a las argumentaciones de los abogados David Garrido y Juan Antonio Lecaros, estos se basan en el artículo 58 de la Ley de Patentes, que establece que las únicas dos causales para proceder a una clausura de un establecimiento son la de no tener una patente o tener una mora en las contribuciones, “y en el caso de nuestros representados, no se cumplía con ninguna de estas causales, ya que su local sí tenía patente y no tenía morosidades”, explicó Garrido a LA DISCUSIÓN.


La polémica de los peritajes
Los defensores han  manifestado  que para que se proceda a una clausura, el municipio debe primeramente notificar al locatario con anticipación, “lo que en este caso no ocurrió, por lo que a nuestro entender, y se lo hemos hecho notar al tribunal en cada una de las instancias de este proceso, el municipio clausuró este local de manera ilícita”.


Por contraparte, Pedro San Martín ha insistido en que “no basta con tener patente, también se debe respetar el giro. Si un local tiene patente para utilizar máquinas de destreza y trabajan con máquinas de azar, entonces no están cumpliendo con el giro y se procede a la clausura”.


En este punto quien sale al paso es el abogado Héctor Mella, quien desmiente a su colega y dice que “en casos como esos basta con una multa, pero no procede la clausura”.


La respuesta del municipio asegura que las multas fueron muchas, reiteradas y de conocimiento público, pero que estas no fueron suficientes para que los locatarios sacaran las máquinas de azar.


Sin embargo, mientras la Fiscalía ha sido insistente en que  ellos como ente  persecutor no discutirán judicialmente sobre la tipificación de las máquinas, ya que el delito a perseguir es le de rotura de sellos, para la defensa este es un punto que debe ser atendido por el juez, ya que fue precisamente la condición de “máquina de azar” la que motivó la clausura.


“Y lo cierto es que ellos (los inspectores municipales) no han hecho nunca un peritaje técnico para demostrar que estas son máquinas de azar”, finalizó Héctor Mella.


El abogado santiaguino también manifestó su molestia por el hecho de que el Ministerio Público aún no formaliza al alcalde Sergio Zarzar y a los integrantes de la inspección municipal, contra quienes presentó una querella por delito funcionario, puntualmente por no permitir a un comerciante ejercer sus labores.


“Creo que el resto de los dueños de máquinas de juegos deberían sumarse a esta querella, porque el municipio actúa fuera de sus facultades clausurando locales, y esta es una manera de defenderse”, dijo.

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