Fiscalía consigue 4 nuevas condenas para dueños de “casinos populares"

Por: Felipe Ahumada 10:35 PM 2016-11-02

Por casi cuatro horas y media se prolongó la primera parte del juicio oral simplificado en el Juzgado de Garantía de Chillán relativo al delito de rotura de sellos, con que el Ministerio Público busca sancionar a seis personas, entre empleados y dueños de los llamados  “casinos populares”, por no haber respetado la clausura impuesta por el municipio el pasado 16 de abril de 2015, en sus respectivos locales.


Hasta este miércoles, y bajo el arbitraje del juez Luis Aedo, se revisaron dos de tres acusaciones hechas por la Fiscalía, y lo concreto es que el persecutor Mauricio Mieres ya ha logrado su objetivo respecto de los primeros cuatro imputados (cuatro casos), lo que para el fiscal y para los abogados del municipio chillanejo, entidad desde donde nació la denuncia, esto supone un triunfo.  Y de “4 a 0”, como se dijo en tono humorístico al final de esta primera audiencia. 


Para entender este fenómeno desde el punto estricto de lo judicial hay que establecer que la acusación fue presentada por el propio alcalde chillanejo, Sergio Zarzar, en compañía de su director de jurídica, el abogado Pedro San Martín, en junio de ese mismo año, explicando que la razón por la que se procedió a clausurar los locales fue por no respetar el giro de la patente otorgada, que les autorizaba a trabajar con máquinas de destreza, para ofertar también juegos de azar, los que por normativa municipal están prohibidos.


Pero el que hayan o no hayan habido máquinas de azar por parte de la inspección municipal “no es relevante para nosotros como Ministerio Público, eso no es parte de esta causa, ya que lo que nosotros estamos persiguiendo es solo el delito de rotura de sellos, no otra cosa”, aclaró el fiscal Mieres.


El abogado añadió al respecto que “si ellos tenían reparos o quejas respecto a una presunta clausura mal cursada, pudieron haber acudido a instancias de otro orden, como a la Contraloría, a la Corte de Apelaciones mediante un recurso de protección o un reclamo al mismo municipio, pero hoy, en este juicio simplificado, no es la instancia para debatir ese punto. Además, tengo entendido que los defensores acudieron a todas esas instancias y en todas les fue mal, se las rechazaron todas”.


El día de hoy se pudo revisar el caso de cuatro imputados, a quienes se les ofreció la posibilidad de terminar la causa con salidas alternativas, cuya gravedad varió conforme a los alcances de cada acusación, y los últimos dos, ambos domiciliados en Concepción, conocerán su situación procesal el próximo 8 de noviembre, cuando se realice la segunda y última parte de este litigio que ya lleva casi un año y medio de tramitaciones.


De multas a tobilleras
El juicio se había intentado celebrar en a lo menos en cuatro oportunidades anteriormente, suspendiéndose el último, increíblemente, porque los testigos de la propia Fiscalía no se presentaron, por lo que el juez Manuel Vilches advirtió en esa audiencia que la próxima (es decir esta) se realizaba sí o sí y con los testigos que llegaran.


Los primeros en aceptar la salida alternativa ofrecida por el Ministerio Público fueron los comerciantes representados por el abogado Fabián Cuevas, de la Defensoría Penal Pública René Portiño (domiciliado en Valdivia), César Opazo González y González Ramírez (ambos domiciliados en la Población Los Volcanes), quienes admitieron su responsabilidad en el delito por el que se les acusó.


Con ello, el tribunal los pudo declarar culpables, sancionarlos con un multa de 6 UTM, pero garantizándoles que finalizados los 61 días que dura la sanción penal (en libertad), no se les generarán anotaciones prontuariales en sus papeles de antecedentes y evitaron las sanciones que suponía el haber seguido adelante con el juicio.


Un cuarto caso tuvo un final diferente. El imputado Evandro Viedma Castillo, representado por el abogado Ricardo Robles, también optó por la salida alternativa para no seguir adelante con el juicio, sin embargo, había otras dos condenas en su extracto de filiación, por lo que la opción le significó, aparte del pago de la multa, el castigo de reclusión nocturna domiciliaria por los 61 días que dura la condena, por lo que en todo ese plazo deberá llevar consigo una tobillera telemática, monitoreada por Gendarmería desde Santiago.


Viedma admitió el haber abierto el local por 15 días después de la clausura, “por lo que con esos antecedentes, creemos que la sanción que recibió era la esperable y desde luego, mucho menor a la que le hubiese podido dar si es que hubiésemos aceptado ir a juicio”, explicó el abogado Robles.


Seis condenas
De esta manera, el Ministerio Público ya ha logrado seis condenas durante el año 2016, respecto a imputados por rotura de sellos en lo relativo a los casinos populares, y en contraste ninguno de los comerciantes del rubro acusados por este ilícito ha logrado ser absuelto.


Lo anterior es visto por el abogado municipal Pedro San Martín, como una ratificación legal de la resolución municipal de clausurar los locales que incumplen la normativa, que por cierto, sigue siendo cuestionada por quienes defienden a los dueños de estos casinos, quienes argumentan que la Contraloría ha emitido dictámenes totalmente contrarios a la letra municipal.


“Lo que nosotros hemos esperado de este juicio es que se restablezca el derecho, que los contribuyentes respeten la normativa y los resultados obtenidos por el Ministerio Público nos ha dado la razón, y probablemente estas resoluciones sirvan de jurisprudencia para enfrentar otros casos futuros, en el entendido que probablemente aún hay casinos que ponen a disposición del público máquinas de azar, por lo que seguiremos fiscalizando y tomando acciones judiciales”, advirtió San Martín.

Seis veces clausurados


Los dos imputados que no aceptaron salida alternativa alguna son Carlos González, el dueño del local que se ubicaba en calle Arauco 653, y su empleado y encargado del lugar, Eduardo Sepúlveda.


La razón, manifestada en voz alta durante la audiencia fue: “¿Por qué vamos a aceptar responsabilidad, si no hemos hecho nada?”.


Ante este escenario, los primeros en declarar en este juicio oral fueron los tres testigos del Ministerio Público, la inspectora municipal Janet Hernández; el jefe de Inspección Municipal, Nilson Rozas; y el abogado Pedro San Martín.


Conforme a los relatos de los inspectores, fue a las 12.27 horas del 17 de abril de 2015 que se llegó hasta el local de Carlos González, el que había sido clausurado en seis oportunidades por utilizar máquinas de azar, a juicio del municipio local.


“Quien nos atendió fue el encargado, Eduardo Sepúlveda. Clausuramos el local después de pedirle a las personas que estaban en el local que se retiraran, pero al hacer una segunda inspección a las 18.30 horas, vimos que el local estaba abierto, funcionando y con clientes dentro. Le preguntamos al encargado y nos dijo que él había abierto por orden de don Carlos González, el dueño”, declaró Nilson Rozas.


Es precisamente esta acusación que consta en la carpeta de investigación fiscal, lo que le permite al fiscal Mieres presentar a ambos como imputados.


Sin embargo, para los abogados que los representan, David Garrido y Juan Antonio Lecaros, eso es falso y el Ministerio Público no tiene mayores pruebas para demostrarlo.


El juez Aedo dio por finalizada la primera parte de este juicio tras la presentación de la prueba testimonial y documental de la Fiscalía.


El juicio del próximo 8 de noviembre arrancará con la presentación de la prueba de la defensa.


“Pero lo que ellos presentan es lo mismo que tenían como argumentos los otros imputados, y al final terminaron por aceptar responsabilidad”, advirtió Mieres, confiado en conseguir más condenas.


“Esto atenta contra la libertad”
El abogado santiaguino Héctor Mella, quien representa a numerosos dueños de locales de máquinas de destreza en el país, estaba presente en la audiencia de hoy en calidad de público.


Mella es el autor de una querella presentada en contra de carabineros de la Segunda Comisaría por lo que él consideró como una incautación ilegal; y en contra del alcalde Sergio Zarzar por negarse a entregarle una patente comercial a un ciudadano chino quien abrió un local de juegos en el centro de la ciudad.


Para Mella, las cuatro condenas obtenidas durante la jornada por parte de la Fiscalía “son un atentado en contra de la libertad de comercio, esto ya está zanjado por la Contraloría y este órgano rector y sus dictámenes están por sobre las normativas de los municipios. Nosotros seguiremos adelante porque un alcalde y un municipio no pueden estar por sobre la ley y menos para perjudicar a comerciantes honrados”.


Por último, la estrategia de los abogados Lecaros y Garrido será en insistir en que el municipio no cuenta con la experticia para determinar si una máquina es o no de azar. “La Fiscalía ha tratado de evitar ese debate, pero la verdad es que todo parte por eso, ya que si se clausuró el local de nuestros clientes fue que se consideró que había en funcionamiento máquinas de azar, creemos que en el municipio de Chillán pecan de ignorantes, porque la Contraloría se ha pronunciado"

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