Reajuste del sector público

Por: 09:15 AM 2016-10-26

El proyecto que reajusta los salarios del sector público a partir del 1 de diciembre y con vigencia de un año, ingresó ayer al Congreso sin acuerdo con la Mesa del Sector Público, luego que los equipos negociadores lograran escasos avances y el Gobierno entregara su última oferta mejorada: elevó de 3% a 3,2% su propuesta reajuste, lo cual molestó a los dirigentes, que la consideraron “miserable e indigna”.

La fractura en las conversaciones no debería ser sorpresa, pues la diferencia entre lo ofrecido por Hacienda y lo que demandan los trabajadores (7%) es significativa. 

Como era de suponer, los empleados públicos de inmediato convocaron a una jornada de movilización, que tampoco es novedad, pues cada año se efectúan marchas e incluso paralizaciones, pese a que este tipo de acciones no están contempladas como medidas de negociación, a diferencia de los trabajadores que se rigen por el Código del Trabajo. 

Tan instaladas están estas conductas ilegales, que parecen no afectar a la autoridad y casi nadie se sorprende que las realicen, aun cuando su régimen laboral no se los permite. 

Los trabajadores fiscales no pueden negociar colectivamente, aunque de hecho sí lo hacen; no tienen derecho a huelga, pese a que utilizan la paralización como una de las primeras herramientas de negociación. 

Incluso esta práctica está tan asumida que ayer el coordinador de la mesa del sector público comentó que “las jornadas de movilización son parte del proceso de negociación, los trabajadores negocian movilizados y por tanto ni el Gobierno ni nadie debe extrañarse de esta situación.” 

Tal discrepancia entre la norma que rige a los empleados públicos y la realidad de su comportamiento hace urgente transparentar la discusión y enfrentar la necesaria modernización del Estado, que supone lógicamente terminar con las inamovilidades y de paso dejar de utilizar el sistema de trabajadores a contrata (contratos a plazo fijo de un año), que es la solución que han encontrado los diferentes gobiernos, desde la Concertación en adelante, para sumar nuevos funcionarios, muchos de ellos de su confianza, al momento de cambiar la autoridad política o no poder desvincular a otros trabajadores, ya que para hacerlo se requiere un sumario previo o una mala evaluación. 

Este último punto es otra de las grandes trabas que existen para generar un cambio importante en el actual sistema de incentivos y mejorar la gestión pública. Normalmente, las calificaciones se realizan en base a parámetros muy generales, lo que en la práctica lleva a que casi el 100% de los funcionarios tenga la calificación máxima, lo que impide despedir si no existe una causal muy grave. Esto es ilógico, ya que en ninguna empresa o institución, todos sus trabajadores están calificados con la nota máxima, pues las personas siempre necesitan mejorar. 

Una verdadera modernización de la gestión estatal pasa por eliminar estas prácticas que se han transformado en un desincentivo para los buenos funcionarios, ya que son calificados igual que aquellos que son ineficientes o poco comprometidos. 

Los argumentos para sincerar el tema y enfrentar los vicios laborales de la administración pública, introducir otro tipo de evaluaciones y eliminar la inamovilidad, son contundentes, aunque por “alguna razón” no logran convencer a los mismos dirigentes que hoy llaman a paralizar y exigen mayores reajustes.

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