Yo discrepo

Por: Renato Segura 2016-03-14
Renato Segura

En el modelo político de la antigua Roma la organización de espectáculos masivos y la distribución de alimentos en forma gratuita, eran herramientas ampliamente utilizadas en los mecanismos de control social. La política del “pan y circo” para el pueblo instaurada por la elite política romana, está plenamente vigente en la sociedad moderna.

En los albores del segundo mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, el entonces ministro de Hacienda, Alberto Arenas, señalaba el convencimiento que era posible avanzar en las reformas estructurales y en los cambios profundos del Programa de Gobierno, sin afectar el crecimiento; también relativizó la importancia del crecimiento económico en el desarrollo del país. Sin embargo, las optimistas declaraciones de la que fuera por 14 meses (entre marzo de 2014 a mayo de 2015) máxima autoridad económica, eran el preludio del mayor fracaso de la política fiscal que se haya registrado desde el retorno de la democracia en el país.

En marzo de 2015, frente a las críticas que arreciaban por el flojo comportamiento de la economía, el titular de la cartera reafirmaba que la economía chilena iba a crecer en torno a 3% en 2015 (la cifra 2015 se estima en torno al 2%); además, en dicha oportunidad, el ministro Arenas declaró como “buena noticia” que la inflación a 24 meses estuviera anclada en el valor meta del Banco Central, que es 3% (la inflación el 2015 alcanzó el 4,4%, lo que posterga el cumplimiento de la meta hacia el 2017).

En los últimos días se ratificó por parte del Gobierno -lo que a estas alturas muchos sabían- que la velocidad de crecimiento de la actividad económica en el 2016 será más baja de lo proyectado, anticipado por un bajo crecimiento del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de 0,3% en enero de 2016.

Frente a la incapacidad del equipo económico para cambiar el difícil escenario, la política de “pan y circo” se activa junto con dos de los anuncios de la Presidenta Bachelet respecto la economía del país: el reciente anuncio de un recorte del gasto fiscal en US$540 millones “sin impacto en las familias” y la declaración de 2016 como el “año de la productividad”. Me referiré solo al último.

El anuncio de la conmemoración del año de la productividad en la reunión anual del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare), realizada en diciembre de 2015, entusiasmó a los empresarios. Mal que mal, me imagino, es una oportunidad para acercar posiciones entre empresarios y Gobierno después de dos años de mutuas recriminaciones y desconfianzas. 

El foco de atención, así como los recursos asociados, tienen como destinatario a la micro y pequeña empresa (lo que ya se ha hecho habitual). Sin embargo, los resultados de la intervención difícilmente podrán ser medidos, toda vez que los cambios inducidos en productividad al empresario chico no garantiza un cambio sustantivo en la competitividad de la industria nacional. En efecto, la actividad económica y el empleo lo sustenta la mediana y gran empresa, en cuyo plan de inversión subyace la actividad económica del país y, por ende, la actividad de la micro y pequeña empresa de la industria.

Sin embargo, lograr que las grandes empresas sean el objeto de estudio y de incentivos, debe ser tan complejo como haber logrado transformar en objeto de circo a los Patricios de la sociedad romana monárquica e imperial.

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