Sename y responsabilidades en su lugar

Por: Mario Arzola Acuña 2016-10-20
Mario Arzola Acuña

Constructor Civil

Pontificia Universidad Católica de Chile

Ingeniero Constructor, Universidad Tecnológica Metropolitana.

Las reacciones no se han hecho esperar frente a la información entregada  por el Servicio Nacional de Menores, detallando el número de niños y adolescentes fallecidos en centros de atención bajo la tutela de ese  organismo, entre enero de 2005 y junio de 2016, en distintas circunstancias; muchos de esos casos, no tienen una causa de muerte concluyente de acuerdo a su certificado de defunción. Se  incluye adultos mayores que se encontraban bajo la protección de esa institución. 

Las cifras son elocuentes y dejan al descubierto una realidad que sobrecoge, naturalmente por lo que significa en sí mismo, como también por  la frialdad de un organismo del Estado, financiado con recursos públicos y cuya finalidad es precisamente la protección de este segmento de la población, en cuanto como institución permaneció indiferente durante tanto tiempo, incapaz de reaccionar ante la cruda realidad de quienes estaban encomendados a su protección debido al grado de vulnerabilidad que los afectaba. 

Frente a esta evidencia, la Sra. Presidenta Michelle Bachelet en una de sus primeras impresiones manifestó,  “como sociedad y como Estado le hemos fallado a estos jóvenes y niños más vulnerables”.

Para los ciudadanos que no tienen acceso a este tipo de información cotidianamente, resulta muy difícil imaginar, siquiera, las razones que llevaron a la institución a este estado de cosas o  avizorar las carencias  que habrían contribuido de una u otra forma a desencadenar estos hechos tan lamentables; la sociedad como tal y los ciudadanos en particular, tampoco han tenido ni tienen injerencia o participación en el diseño de las políticas públicas que deberían aplicarse a través del organismo, y mucho menos, respecto del funcionamiento de los centros de atención dependientes del organismo.

El Estado a través de los sucesivos gobiernos que han ejercido su administración, ha considerado en su institucionalidad un organismo encargado de desarrollar las políticas, planes y programas para el cumplimiento del rol social que le corresponde en favor de estos sectores vulnerables de la población. 

En ese sentido no resulta acertado imputarle responsabilidad a la sociedad ni a sus integrantes en particular, frente a estos hechos y queda más bien la impresión, que en realidad, son los gobiernos los que han fallado porque pese a contar con la institucionalidad y con recursos económicos para esos fines, no han sido capaces de cumplir siquiera medianamente la tarea encomendada, y lo que es más grave, han ignorado y guardado silencio por años frente a la cruda realidad de estos compatriotas vulnerados en sus derechos más fundamentales.

Tampoco resulta convincente ni acertado atribuirle a la falta de información causas asociadas a deficiencias del sistema informático, como lo han  sostenido autoridades  del organismo, toda vez que evidentemente la responsabilidad sobre el diseño de los modelos de información recae directamente en los usuarios, quienes deberían ajustarlos a sus necesidades y objetivos. Para ejercer un control elemental, al menos de identidad y conteo de quienes fallecen bajo un mismo techo, francamente, no se requiere de una tecnología especial.

Es de esperar que a partir del conocimiento de estos hechos, las autoridades puedan disponer de un diagnóstico objetivo que identifique claramente las causas de lo sucedido, de modo que les permita disponer las medidas correctivas, y que los recursos adicionales que se han anunciado vayan efectivamente a satisfacer las necesidades más urgentes del organismo, y por ende de sus beneficiarios.

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