[Editorial] Transparencia y capital social

Por: 10:30 AM 2016-10-12

Uno de los factores que ayudan a un involucramiento más activo de las personas en la cuestión pública es la información con que cuentan, el acceso a ella y la burocracia que permite canalizar las opiniones y necesidades ciudadanas de manera rápida y oportuna. 

En este sentido, la Ley de Transparencia ha sido un acierto, ya que permite que cualquier persona solicite información a los servicios públicos y establece obligatoriedad en cuanto a la publicidad de una serie de elementos de gestión a través de sitios on line a los que también cualquier persona tiene acceso. 

De hecho, es cada vez es más común que personas naturales utilicen el sistema con la finalidad de pedir la entrega de estudios que son la base de proyectos, informes internos o para pedir que sean investigados hechos que pueden constituir irregularidades o abuso de autoridad. 

En Chillán, por ejemplo, desde 2013 han ingresado al municipio, tanto por la Oficina de Partes como por el mismo portal municipal, alrededor de 600 solicitudes de información vía Ley de Transparencia. Incluso en el último tiempo se ha incrementado la cantidad de requerimientos, de tal manera que llegan aproximadamente a 40 cada mes.

Sin embargo, siendo un paso muy positivo para alentar esta mayor información de conocimiento público, se requiere avanzar aún en algunos aspectos. Por una parte, se requiere mayor capacitación de los propios funcionarios del Estado, tanto para que cumplan con la normativa, como para saber entregar dicha información de manera clara y entendible para cualquier persona y superar los errores de comunicación que se  siguen apreciando en la administración pública. 

Otro aspecto en el que se debe avanzar es la formación de las personas para que conozcan y ejerzan sus derechos y responsabilidades, ya que en la medida que exista más y mejor formación cívica, habrá también mejores ciudadanos y más comprometidos con el bien común.

Un análisis macroeconómico del capital social chileno, realizado por la OCDE en 2015, revela que existen diferencias en cuanto al grado de participación dependiendo de las características sociales, de género y etnia. Según el estudio, los individuos que participan más, corresponden a personas de niveles de ingresos más bajos, menor nivel de escolaridad y una edad superior a los 40 años y de etnia indígena. En cambio quienes menos participan son personas de altos ingresos, con mayor porcentaje de hijos de edad igual o inferior a 4 años. En cuanto a la participación individual, los que se involucran más son personas casadas o con viviendas propias. Asimismo, las mujeres participan menos que los hombres, debido principalmente al uso del tiempo. 

Dado que nuestro país presenta bajos niveles de participación, y las personas tienen poca costumbre de hacer valer sus derechos, el Estado ha asumido en parte este rol a través de un fortalecimiento de las Superintendencias: de Salud, Valores, AFP, Isapres, además de organismos como el Sernac, que este año fue dotado de nuevas y mayores atribuciones. 

Es positivo que el Estado asuma una función más activa para la entrega de información, pero se debe tener cuidado que esta intervención no se extreme y se traduzca en decidir por los individuos. Un Estado paternalista definitivamente no contribuye a una sociedad civil más empoderada.

 

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