Valoran que se comience a condenar en costas por juicios penales

Por: Felipe Ahumada Fotografía: Victor Orellana 04:40 PM 2016-10-10

En materia judicial, este 2016 ha estado marcado por una tendencia que si bien como facultad de los tribunales ha existido por años, rara vez se había aplicado con tanta regularidad en materias penales: cobrar las costas del proceso a quienes desarrollan juicios en contra de terceros, sin mostrar argumentos sólidos para sostener las acusaciones.

Y si ya en agosto fue casi histórico el que a nivel provincial se obligara a la fiscalía y al senador Alejandro Navarro a pagar por un juicio que ellos motivaron en contra de la alcaldesa de San Fabián, Lorena Jardúa, el pasado 2 de octubre los abogados defensores de los periodistas de la Revista Qué Pasa, que realizaron el polémico artículo en que adjudicaron responsabilidades a la Presidenta Michelle Bachelet en las escuchas telefónicas en el caso Caval, anunciaron que estudian pedir al tribunal que le cobre las costas de la causa a la misma mandataria luego que ella comenzara un proceso por el delito de injurias, querella que finalmente dejó sin efectos a través de su equipo jurídico.

“Esto de que los tribunales condenara al pago de las costas es algo muy frecuente en los juicios civiles, ahí se han dado siempre, sin embargo en el último tiempo también los estamos viendo en los juzgados penales y creo que de alguna manera es un mensaje de los jueces, una manera de decir que ya no es llegar y hacer juicios en contra de alguien, someterlos así a un escarnio público, causarles un muy mal momento que puede llegar a durar años, para que al final todo termine en nada. No, ahora se están exigiendo fundamentos y evidencias concretas a quienes presentan querellas, por ejemplo”, explica el abogado penalista, Ricardo Robles, quien es precisamente quien consiguió que a la alcaldesa Jardúa se le absolviera de las acusaciones de fraude electoral.

Y además es el abogado, quien junto a sus pares Rodrigo Vera Lama y Paulina Villalobos, consiguieron que se cobrara a los persecutores el costo que significó el proceso.

Este año además la Corte de Apelaciones ha confirmado fallos de primera instancia en este orden, en la jurisdicción de Bulnes, cuando se obligó a pagar las costas al abogado Jaime Riveros Aedo, funcionario de la Corporación de Asistencia Judicial de Bulnes, quien se había querellado  en contra de dos usuarios por haberlo denunciado públicamente en diversos medios de comunicación, de haber hecho cobros por servicios prestados por esta entidad estatal que entrega asesorías y representaciones gratuitas a víctimas de delitos.

“No había mérito alguno para haber motivado el desarrollo de una audiencia en el Juzgado de Garantía de Bulnes, dado que el hacer una denuncia pública de esta naturaleza y con los antecedentes que hasta el momento son investigados, no constituían ilegalidad alguna”, se explicó en el fallo que lo obligó a pagar la suma de 3 millones de pesos.

En otro de los casos más recientes destaca el que a principios de este año se hizo efectivo el pago de un millón 200 mil pesos a un empleado de la ex notaría Bravo, quien fue acusado por el Ministerio Público de adulterar y falsificar más de 80 escritos para la compra y venta de vehículos.

Para el abogado Robles, “esto puede perfectamente ser un llamado de atención para nosotros mismos como abogados, que muchas veces tomamos clientes que insisten en querellarse en contra de alguien solo porque están muy enojados, tal vez debemos ser más cautelosos y en vez de seguir adelante, pese a  que legalmente no tendrá asidero, lo mejor puede ser explicarle a ese cliente que ahora hay riesgos y bastante caros”.

Pero el fallo de pago de costas no es solo por perder un juicio, sino por llevar a litigio con todas las horas de audiencias, movilización de investigación judicial y contratación de abogados, un caso que no tenía peso argumentativo.

“En el fondo esto más que un fallo es un castigo, además, para el abogado que hace el trabajo mal, como lo dice nuestra misma Corte de Apelaciones, es un castigo para el litigante temerario”, apunta el jurista Rodrigo Vera Lama, quien valoró que se esté comenzando a conocer estas jurisprudencias que en otras ciudades han tenido resultados memorables como los casi 500 millones de pesos que el fisco debió pagar en el caso Bombas; o los 30 millones en Temuco por el caso de la desparición de la sicóloga Viviana Hagger.

Juicio civil en contra de Navarro
Finalmente, el equipo jurídico que representó a Lorena Jardúa por el juicio de fraude electoral (del que fue absuelta por unanimidad) ha insistido en que solo la fiscalía ha hecho los trámites para pagarle los 18 millones de pesos a cada uno de los cuatro funcionarios municipales perseguidos.

“Y en el caso del senador (Alejandro) Navarro, nos parece inexcusable que aún no pague ya que él goza de un sueldo millonario, por lo que estamos preparando un juicio civil para cobrarle”, anunció Robles, mientras que Vera Lama advirtió que de perseguir su negativa, se podría solicitar un embargo, incluso a su dieta parlamentaria.

Mientras la otra querellante, Eulalia Salinas tampoco ha pagado, el ex alcalde de esa comuna. Cristián Fernández, recientemente condenado a pagar 18 millones en la misma causa, aún tiene tiempo para recurrir de nulidad.

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