[Editorial] Trabajadores fiscales

Por: Fotografía: Fernando Villa 10:25 AM 2016-10-03

La pretensión de los funcionarios públicos de un reajuste en torno a un 7,5% parece justa, entendiéndola como un reconocimiento monetario al trabajo que realizan sujetos a condiciones laborales injustas y atentatorias contra derechos laborales mínimos.

Es bueno que la ciudadanía, a efectos de entender estas movilizaciones, sepa que salvo los funcionarios de planta la mayoría carece de estabilidad laboral. Esos funcionarios pueden ser despedidos en cualquier momento sin derecho a indemnización y con contratos que se renuevan por voluntad o capricho de la autoridad cada año. Se agrega un alto número de personas a honorarios, en donde la precariedad de la relación laboral es escandalosa, situación que ha tenido algunas mejoras gracias a la acción de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Contraloría, pero que no encuentra expresión legislativa.

El país parece vivir días donde el protagonismo de las demandas sociales parecen ir en aumento, sin que existan cambios objetivamente significativos que avalen los comportamientos de los demandantes, salvo la oportunidad de negociar con una autoridad debilitada, donde la amenaza de la paralización de servicios y sus consecuencias para la ciudadanía son una carta de gran valor a la hora de negociar.

Es de esperar que los trabajadores del sector público y sus dirigentes entiendan que las arcas fiscales ya acusan el efecto de la desaceleración y que tienen que buscar otros métodos de negociación que no sea el privar sistemáticamente a la ciudadanía de servicios básicos.

Conviene recordar que los empleados públicos y municipales no pueden declararse en huelga, por cuanto ello está prohibido por el artículo 19 N°16 de la Constitución Política. 

No se trata de una prohibición caprichosa del constituyente, sino de una necesidad de cumplir con el artículo 1° del texto constitucional, según el cual el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, además de dar protección a la población y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

La Asociación de Empleados Fiscales (Anef) insiste en que las demandas que hace son racionales y están de acuerdo a la realidad del país. Desde el Gobierno han respondido que enfrentarán tales demandas con responsabilidad, dentro del realismo que da el contexto económico”, y en ese sentido llamaron a “moderar las expectativas”, expresión cauta para transmitir que en el oficialismo creen que sus demandas son exacerbadas.

El tema de fondo de esta discusión, sin embargo, debería ser otro, pues no parece justo que una vez más los empleados fiscales sean llamados a movilizarse, en el mismo mes y con el mismo petitorio de siempre, empeorando la percepción pública del trabajo de miles de funcionarios.

Es hora que la Anef plantee una reforma estructural al sistema de contratación de funcionarios públicos y un mecanismo consensuado de reajustes salariales; en cambio solo busca, por medio de movilizaciones cada vez más rechazadas por la ciudadanía, bonos y reajustes que poco ayudan a consagrar el empleo público digno.

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