Rezago y sentido de urgencia

Por: Fotografía: Mauricio Ulloa 08:25 AM 2016-09-28

El presupuesto del próximo año para el Programa de Gestión Territorial de la Zona de Rezago del Valle del Itata exhibirá un leve aumento respecto del monto asignado para el presente año, que alcanzó los 2 mil 200 millones de pesos, una cifra que luce modesta en comparación con las numerosas necesidades de las nueve comunas involucradas (Cobquecura, Coelemu, Ninhue, Portezuelo, Quirihue, Quillón, Ránquil, San Nicolás y Trehuaco), pero que puede multiplicarse por diez con una gestión eficiente y verdadera voluntad política para apalancar recursos sectoriales.

Conviene recordar que para 2016 el plan de inversiones consideró, además de los $2.200 millones, otros $2.100 millones vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que son recursos administrados por el Gobierno Regional, y cerca de $13 mil millones provenientes de distintos ministerios, lo que dio un total de $17 mil millones. 

El modelo definido para gestionar los recursos considera distintas herramientas, como la firma de convenios o la ejecución de estudios, de manera de postular luego al financiamiento sectorial o regional. En ese contexto, una de las virtudes del sistema es que los proyectos emplazados en zonas de rezago no requieren demostrar su rentabilidad social, como ocurre con cualquier iniciativa de inversión pública, lo que permite agilizar su concreción. La razón es que la gestión de proyectos para estos territorios, dadas las condiciones de rezago que presentan, no se pueden evaluar con los mismos parámetros que se usan para el resto del país, priorizándose su urgencia.

Y si bien puede ser prematuro hacer una evaluación del impacto del programa en el Valle del Itata, ya que el decreto se dictó hace apenas 18 meses, hay algunos aspectos sobre los cuales es recomendable poner atención y realizar las correcciones que se requieran.

Para el presente año se contempló ejecutar proyectos en áreas como agricultura familiar campesina, turismo, saneamiento básico, infraestructura pública y conectividad, entre otros. Pero lamentablemente, la ejecución presupuestaria ha sido lenta, por culpa de la lentitud del Ministerio de Hacienda en transferir los dineros, según explicó el coordinador regional del programa, Sergio Valdés. Claramente, esta situación no ayuda mucho a responder a las críticas sobre la poca efectividad del programa, que hasta la fecha tiene pocas obras que mostrar.

De igual manera, los plazos establecidos para el desarrollo de ciertos estudios han resultado excesivos, lo que desnaturaliza el sentido de urgencia que propone el modelo, replicando la tradicional postergación de la inversión pública en la zona. En el caso de la infraestructura vial, que es una de las demandas más sentidas de las comunas y que constituye un factor clave para mejorar la competitividad de los productores, la calidad de vida de los habitantes y las oportunidades de nuevos negocios, como el turismo, lo que se observa es que el presente año se pavimentarán apenas 16 kilómetros de caminos, quedando en etapa de estudios iniciativas que suman 180 kilómetros.

En ese sentido, en el mediano y largo plazo no se puede pretender que el modelo se siga sustentando en la voluntad política, pues lo que se requiere es una institucionalidad propia, una ley de zonas de rezago con una metodología y con fuentes de financiamiento definidos, tal como lo comprometió el Gobierno en 2014, cuando se inició el Programa a nivel nacional. Sin embargo, el evidente retraso del Ejecutivo en el envío del proyecto de ley viene a alimentar las aprensiones sobre la viabilidad del modelo, y lo que es peor, contradice el espíritu inicial que dio origen al programa: el sentido de urgencia. 

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