Suspenden juicio de casinos populares por ausencia de testigos

Por: Felipe Ahumada 10:05 PM 2016-09-21

Molestos y sin aceptar los argumentos de los persecutores para lograr posponer el juicio simplificado por el caso de “rotura de sellos”,  reaccionaron los abogados que defienden a los perseguidos: los dueños de los llamados “casinos populares” en Chillán.

Esto porque pese a que algunos de los imputados son de Concepción y a que dos de los tres defensores inscritos en el juicio son de la ciudad de Valparaíso, el juez Manuel Vilches, amparándose en el artículo 390 del Código Procesal Penal, acogió la petición del fiscal Mauricio Mieres, de suspender la audiencia debido a que los peritos de la PDI, quienes tenían que comparecer en la audiencia, y el jefe de la Inspección Municipal, quien fue tildado como “testigo clave” en la causa, no se presentaron este miércoles a las 12.00 horas en el Juzgado de Garantía.

“En el caso de nuestro inspector municipal, estaba con permiso administrativo y nos comunicó que no iba a poder asistir; y el resto del personal se encontraba realizando funciones propias de su trabajo”, explicó el asesor jurídico de la Municipalidad de Chillán, abogado Pedro San Martín, quien a la postre fue el único representante municipal presente en la fallida audiencia este miércoles.

La misma entidad añadió que el personal de la PDI se ausentó puesto que el propio representante del Ministerio Público les anunció que la audiencia se postergaría, conforme a que había sido advertido de la incomparecencia de los municipales.

“Sinceramente, no creemos en las razones del Ministerio Público para suspender esta audiencia, no creemos que luego que las partes fueran notificadas por este mismo tribunal hace más de un mes para comparecer, hayan presentado tantos problemas para ausentarse. Sinceramente creemos que esto puede ser una estrategia de dilación por parte de la Fiscalía, en virtud de que aún no han reunido las evidencias mínimas para poder generar un convencimiento de sus acusaciones ante el tribunal”, se descargó el abogado porteño David Garrido.

Este mismo jurista criticó las excusas presentadas por el jefe de la Inspección Municipal para ausentarse de la cita judicial.

“Las citaciones judiciales no son voluntarias, si alguien está con permiso administrativo, eso solo cuenta para inasistencias laborales; no para obligaciones civiles como el asistir a un juicio agendado por un tribunal de la República”, zanjó.

Por una única vez
La determinación del magistrado Vilches, lejos de ser antojadiza, tiene asidero en el artículo 396, que dice que si en una audiencia se ausenta alguno de los testigos o peritos cuya declaración se estime como clave para los propósitos del juicio, el juez puede -en efecto- suspender el juicio.

“Pero el mencionado artículo dice explícitamente que esto se puede aplicar por una única vez, es más, los intervinientes ya no serán notificados por el tribunal; sino que serán las partes, en este caso la Fiscalía y los querellantes del municipio, quienes tendrán que notificar a sus testigos; y si en una próxima vez se vuelven a ausentar, el juicio se realizará sin ellos y con los elementos probatorios que persecutores y defensores tengan”, advirtió el abogado chillanejo Ricardo Robles.

Buscan la absolución
El delito por el que se persigue a los imputados es el de “rotura de sellos”, considerando que se les acusa de haber desatendido una resolución de clausura que afectó a sus locales en diciembre de 2014, luego que la inspección municipal los sancionara por lo que -a juicio de ellos- era una mala utilización de las patentes otorgadas por el municipio, ya que habrían utilizado las llamadas máquinas de azar en un local que solo tenía autorización para funcionar con máquinas de destreza.

“En primer lugar, nuestros representados no fueron quienes rompieron los sellos ni material ni intelectualmente, y el Ministerio Público no tiene cómo comprobar lo contrario; y en segundo término nunca se hizo un peritaje para demostrar que esas máquinas eran de azar, por lo que consideramos que el municipio no los puede seguir acosando con esas clausuras”, apuntó el abogado  Juan Lezcano.

La audiencia final quedó para el próximo 2 de noviembre.

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