[Editorial] Política envejecida

Por: Fotografía: Mauricio Ulloa 05:15 PM 2016-09-19

No solo la candidatura de Ricardo Lagos ha generado controversia, sino también su edad, pues de ser electo tendríamos en 2018 a un presidente octogenario y uno de los  de más avanzada en todo el mundo. 

Por lo mismo, resulta interesante analizar la edad de quienes han llegado a la primera magistratura del país. 

Al momento de acceder al poder la edad promedio de los presidentes de la República desde 1990 a la fecha ha sido 60 años. En América Latina el promedio de edad de los jefes de gobierno al momento de asumir alcanza hoy a 53 años (17 países) y en Europa a 47 años, con excepción de la región nórdica, donde los jefes de Estado son los más jóvenes: 43 años de edad como promedio.

En efecto, mientras en Chile el máximo cargo de representación popular se alcanza cuando se han superado los 60 años, en algunas sociedades aquello sucede 5, 10 e incluso 20 años antes. Lo anterior parece contradictorio si consideramos que vivimos en un continente más joven que el europeo y con transiciones a la democracia más recientes. Así, es evidente que en Chile la democracia ha contribuido a congelar más que impulsar una renovación generacional.

¿Cómo podemos explicar este curioso hecho? Lo primero tiene que ver por falta de “tiraje de la chimenea”. En otros contextos democráticos existen mecanismos de selección de candidatos abiertos y competitivos. Por eso países como España, Suecia y Finlandia han tenido presidentes sub 40.

En Chile, en cambio, la carrera política se ve limitada por sistemas de selección de candidatos desde arriba, lo que impide la renovación. Este argumento es válido para todo el espectro ideológico. De hecho, el promedio de edad en los doce partidos con representación parlamentaria es de 54 años, unos 15 años por encima de la situación europea. 

Un segundo factor es el dinero. Dada la estructura de financiamiento electoral, los candidatos requieren recursos propios para financiar sus campañas, lo que impone una primera barrera. Pero además, si un  candidato no tiene acceso a una actividad económica alternativa rentable, una vez electo tendrá un fuerte incentivo para permanecer en la actividad política. A ello se suma la ausencia de un subsidio estatal que permita el pago de una jubilación a un representante electo luego de los 65 años.

En una sociedad como la chilena, el servicio público en cargos de representación popular constituye un serio problema no sólo para la renovación, sino que para el acceso al poder.

La tercera cuestión se asocia con las trayectorias de la militancia. La carrera política circula en torno a quienes participan del aparato estatal y muy pocas veces fuera de éste. Las fuerzas emergentes difícilmente han podido contrarrestar el peso de las dirigencias y su nutrida red de repartición de cargos a nivel local y nacional.

 Como además tenemos un sistema electoral que inhibe la competencia, las posibilidades reales que nuevos grupos puedan “golpear la mesa” son mínimas.

En síntesis, el mayor promedio de edad de nuestros dirigentes se explica por tres condiciones básicas: falta de democracia en los partidos, ausencia de recursos para los más débiles, y redes de poder.

En todo caso, no se trata de proscribir de la política a los mayores de edad, pero sí de terminar con los perversos incentivos que impiden refrescar y fortalecer a los partidos.

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