[Editorial] Conflictos de interés

Por: Fotografía: Mauricio Ulloa 03:25 PM 2016-09-09

La sociedad parece haberse acostumbrado -no sin algún grado de resignación y también de cinismo- a convivir con los conflictos de intereses. Situaciones que bajo rigurosos estándares de transparencia habrían acarreado la renuncia de los funcionarios involucrados, desde hace un tiempo aparecen como simples coincidencias o controversias orquestadas para enlodar la imagen política de las autoridades que se ven envueltas en situaciones de esta índole.

El tema, sin duda, cobra vigencia por la licitación del cambio de las luminarias de la ciudad y que debió ser declarada desierta precisamente por los conflictos de interés -revelados por un reportaje de LA DISCUSIÓN el pasado domingo- entre el asesor municipal y artífice del proyecto, Sergio Wicki, con la empresa Maxligth GCE Solar Chile-Representaciones Offersuite, que tenía hasta el lunes las mejores posibilidades de obtener el millonario contrato.

El cuestionado profesional siempre sostuvo que había dejado de prestar servicios a la empresa Representaciones Offersuite en febrero. Sin embargo, en junio recién pasado Maxligth-Offersuite ganó una licitación en Puerto Cisnes y según los antecedentes del Mercado Público (3791-29-lr16) y entregados por la empresa, el profesional residente para la obra era Sergio Artemio Wiki Caro. 

Por otra parte, las declaraciones de la representante legal de la empresa, María Verónica Pino Rojo, quien asegura que jamás ha existido un contrato permanente con Wicki, pero a la vez reconoce que él ha prestado servicios en proyectos como asesor externo, solo confirman el vínculo y el evidente conflicto de interés del ingeniero eléctrico que realizó el informe que sirvió de base para hacer la licitación.  

La evidencia, pese a su contundencia, o jamás fue advertida por el municipio o simplemente fue tolerada, lo que constituye un hecho grave que debería ser investigado, pues resulta preocupante que no se apliquen los debidos filtros en procesos que involucran altas sumas de dineros fiscales. 

Sin embargo, no solo este caso es revelador de la escasa conciencia por garantizar altos estándares de transparencia en el gobierno local, pues a menudo veamos a concejales disfrutando las “atenciones” de empresas que prestan servicios a la ciudad a través de contratos que ellos mismos aprueban; o votando iniciativas que afectan a empresas con las cuales tienen relaciones comerciales o incluso respaldando proyectos que benefician directa o indirectamente a familiares. 

Sin duda, la ética y la autolimitación juegan un rol importante, pero no parecen ser suficientes. Hay elementos objetivos que deben servir para inhibir e impedir la participación en decisiones de personas cuyo juicio o criterio puede verse afectado por influencias extrañas a las que debieran pesar en su decisión. 

La administración municipal debe desarrollar de mejor manera el tema de los conflictos de intereses y no limitar el cumplimiento a formalidades que como se ha visto son fácilmente manipulables, sino que avanzar en una conducta permanente de evaluación certera acerca de los conflictos de intereses reales, potenciales o aparentes en que pueden verse envueltas las contrataciones que hacen a privados. 

Después de este episodio -e independientemente de si hay una investigación y eventuales sanciones- el tema se ha instalado en la agenda, sin embargo ya sabemos que si solo se discuten estos asuntos frente a la efervescencia de una noticia o controversia, el avance para dotar de mayor legitimidad y transparencia a las contrataciones municipales será cercano o igual a cero.

 

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